Por primera vez desde que tomó posesión, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha admitido que el copago está sobre la mesa, aunque no entre los planes más inmediatos del Gobierno. Lo dejó caer hace un mes, durante la presentación del barómetro sanitario 2009, que detalla las opiniones de los españoles sobre el sistema nacional de salud. "El copago es un tema recurrente en los debates desde hace más de 20 años. Un tema que ha estado en el cajón de todos los ministros de Sanidad, igual que lo está en el mío desde que llegué", indicó. "Pero todavía no hay acuerdo", añadió.

En realidad, en España ya existe un régimen de cuotas para los fármacos. Los trabajadores en activo pagan el 40% de los medicamentos, los enfermos crónicos poco más de dos euros por fármaco y es gratis para los pensionistas. Los miembros de Muface (Mutua General de Funcionarios Civiles del Estado) abonan el 30%, sean activos o jubilados.

Trinidad Jiménez admitió que su ministerio manejó implantar el copago sanitario en el paquete de medidas para ahorrar. Según Sanidad, un pago de cinco euros por visita médica y 10 por urgencias, excluidos los enfermos crónicos y las pensiones mínimas, recaudaría 600 millones de euros al año. Pero por ahora, proclama el secretario general de Sanidad, José Olmos, el copago constituye una línea roja que el Gobierno no está dispuesto a cruzar.

"Este es un asunto recurrente en los medios político sanitarios, pero nadie se atreve a valorar seriamente su viabilidad por el alto coste electoral que tendría su presunta puesta en marcha", explica Enrique de la Figuera, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Rogelio Altisent, médico, profesor de Bioética y vocal de la Comisión Nacional de Deontología de la Organización Médica Colegial, va un paso más allá y asegura que los políticos "han escondido la cabeza debajo del ala siempre que en los últimos años se ha planteado la necesidad de hacer reformas en el sistema sanitario", y les adjudica un papel "socialmente irresponsable" cuando, en cada campaña electoral, han prometido "nuevas prestaciones sanitarias".

Sin embargo, es tiempo de crisis, de apretarse el cinturón, de rebajar el déficit, y el Gobierno busca soluciones más o menos mágicas que hagan revivir las empobrecidas arcas del Estado. "Pero no a cuenta de los más desfavorecidos", clama Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente. "Lo que ellos consideran una 'pequeña cantidad' será un lastre de tal magnitud para muchos pacientes, como desempleados, ancianos o padres de familia numerosa, que dejarán de acudir al médico porque no podrán pagarlo, porque en una pensión de 400 euros al mes, cinco euros por cada visita médica es insostenible", reivindica.

Una buena solución

Sin embargo, desde el otro lado de la puerta del consultorio, muchos médicos y sanitarios creen que imponer este desembolso sería una buena solución para desatascar las saturadas consultas de atención primaria. "Tengo pacientes que vienen cuatro de los cinco días laborables de la semana", indica la doctora Mercedes Molina, médico de familia en el centro de Salud de Viladecans, en Barcelona. "Por mucho que les digas que esto no es magia, que si un tratamiento tarda una semana en hacer efecto por mucho que vengan a diario no van a curarse antes, ellos vienen 'solo por si acaso'. Y eso es un abuso", añade.

De hecho, según Enrique de la Figuera, hay datos fehacientes de que los españoles acudimos al médico un 60% más que la media europea, y un 50% más a urgencias. "Lo que es inaudito es que necesites ir al médico de cabecera por un constipado y te den cita para seis días después, por lo que tienes que acudir a urgencias o automedicarte. Esto es lo que tienen que arreglar", indica Carmen Flores.

¿Qué hacer, entonces? Para Altisent sería necesario estudiar que el copago conllevara "un sistema de reintegro ágil y creíble para las rentas bajas", pero también destaca la necesidad de acometer "medidas que supongan ajustes multifactoriales, donde el copago no es la única intervención posible, como retirar la financiación de fármacos que no tengan un valor intrínseco garantizado, realizar estudios de eficiencia social de las intervenciones de salud pública y mejorar la gestión asistencial de las bajas laborales", detalla.

Más ideas, esta vez desde el Colegio de Médicos de Zaragoza. "Mejorar y cambiar la forma de gestionar los recursos sanitarios materiales y humanos, mejorar la coordinación entre la atención primaria y la especializada o aliviar las listas de espera, causantes de tantas visitas intermedias", ennumera Enrique de la Figuera.

Todo ello, antes de llegar a una fórmula, la del copago, que podría, incluso, enrarecer la relación entre el médico y el paciente y que este llegara, por ejemplo, a exigir al galeno un medicamento concreto aduciendo que para eso le paga. "Así se nos tomaría en serio -indica la doctora Molina-, porque en este país todo lo gratis parece que es malo, y si el paciente se va a un médico privado y le da un fármaco carísimo, piensa que es mejor".