No era la ceremonia de entrega de los Oscar de Hollywood ni los aledaños de un estadio en los minutos previos a la final de un Mundial, aunque la expectación era más propia de este tipo de eventos. Sin embargo, ni había alfombra roja ni sonaron las vuvuzelas. La Ciudad de la Justicia de Málaga acogió la primera sesión del mayor juicio de la historia de España contra la corrupción urbanística, el caso Malaya, que provocó además la primera disolución de un ayuntamiento en nuestro país, el de Marbella.

Los datos asustan, en el banquillo de los acusados 95 personas entre ex alcaldes, ex concejales, empresarios, y abogados; acusados para los que la Fiscalía pide penas que suman más de 450 años de prisión y reclama multas que superan los 4.000 millones de euros.

La expectación era desorbitada y ya desde las 7.00 se podía ver a alguno de los 300 periodistas acreditados en los aledaños de la Audiencia de Málaga. Zona de seguridad, zona de prensa, zona habilitada para el resto de usuarios y un cordón policial ponían la nota de color en las primeras horas de una jornada histórica en la justicia española.

Poco a poco, desde las 9.00 comenzó el goteo de procesados que entraban a la Ciudad de la Justicia de Málaga entre flashes y abriéndose paso entre una nube de periodistas. Mientras tanto, algunos vecinos de Marbella también se dieron cita en las puertas del edificio para pedir que se devolviera "la dignidad y el dinero" que se había "robado" en los tiempos del GIL.

Las llegadas de los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe fueron las que más empujones y revuelo levantaron y la más esperada, la del presunto cerebro de la operación, Juan Antonio Roca, hubo que imaginársela porque entró por el garaje y conducido por las fuerzas de seguridad, ya que es el único de los imputados que continúa encarcelado, en esta ocasión por el caso Saqueo, en relación con el desvío de cerca de 24 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995.

Anulación del proceso

Con todos los acusados en la sala se pasó del espectáculo rosa o cinematográfico al puramente judicial. Normalidad absoluta en el desarrollo y una ausencia, la del tasador municipal José Mora, afectado por una grave enfermedad, que fue excusado por el tribunal tras ser examinado por un médico forense. Otra acusada, María del Pilar Román, hija del ex teniente alcalde Pedro Román, obtuvo permiso del tribunal para asistir solo durante una hora a la vista y abandonarlo después para poder atender la lactancia de su bebé, ya que ha sido madre recientemente

El protagonista indiscutible de este juicio, el centro de todas las miradas, fue el presunto cerebro y principal imputado, Juan Antonio Roca Nicolás, el único de los acusados que está en la cárcel. El hombre que logró amasar presuntamente de manera ilícita una fortuna de más de 200 millones de euros en una década y que tejió la trama corrupta de Marbella se enfrenta a 30 años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho.

La defensa del ex asesor de Urbanismo pidió la nulidad de todas las escuchas telefónicas relacionadas con su cliente, así como la suspensión del juicio antes de su comienzo.

En la fase de cuestiones previas, la abogada que representa a Roca, Rocío Amigo, impugnó todas las intervenciones telefónicas desarrolladas durante los cuatro años y medio de instrucción por falta de motivación y falta de proporcionalidad, entre otros argumentos, y demandó que se resuelvan con carácter previo al inicio del juicio oral. Argumentos que en su totalidad fueron denegados por el tribunal.

Por su parte, el abogado Horacio Oliva, que representa a los abogados del despacho que creó la red societaria usada por Roca supuestamente para enmascarar su patrimonio, reclamó "un juicio justo" y para ello entiende que el tribunal debe antes depurar las nulidades "sin recortar los derechos fundamentales".

Otro abogado, Francisco Soriano Zurita, que representa al también letrado Manuel Sánchez Zubizarreta, esgrimió que el sumario es "fruto envenenado de una mente dirigida por una voluntad arbitraria investida de poder", en alusión al juez Miguel Ángel Torres.

La investigación judicial del caso Malaya arrancó a finales de 2005 y se destapó en marzo de 2006 con las primeras detenciones. Las sesiones se celebrarán de lunes a miércoles y se prevé que el proceso dure un año y medio.