El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, que investiga una supuesta trama de corrupción en la Policía Local de Coslada (Madrid), ha levantado el secreto del sumario del caso, que será trasladado a las partes la próxima semana, han informado fuentes judiciales.

Los abogados de los 26 imputados en esta causa conocerán paulatinamente a partir del lunes los siete tomos -más de 3.000 folios- que recogen todas las actuaciones realizadas desde que comenzaron a investigarse las supuestas extorsiones de los agentes en locales de alterne y comercios de la citada localidad madrileña.

Una vez que los letrados hayan conocido todos los "pormenores" de la investigación, según han explicado varios de ellos a los periodistas en los pasillos del juzgado, decidirán si solicitan nuevas pruebas al juez, como la toma de declaraciones a determinadas personas o careos entre acusados.

Por su parte, el abogado defensor del oficial jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, ha subrayado que hasta que no lea todas las actuaciones -lo que le llevará "bastante" tiempo, ha matizado Oskar Zein- no presentara ninguna petición al juzgado.

Zein ha explicado que se reunió con su cliente durante cuatro horas para "intercambiar impresiones" sobre los hechos, ya que ha cogido su defensa después de que el letrado José Andrés Díaz Herrera renunciara a ella por motivos personales.

En su opinión, los medios de comunicación están juzgando de antemano a su cliente, del que ha dicho que está "afectado" y "pendiente de todo", y ha apuntado que hay un proceso judicial abierto para saber cuáles son los hechos que le imputan y las pruebas que existen contra él.

El levantamiento del sumario ha coincidido con una rueda de reconocimiento que se practicó horas después del levantamiento sumarial y en la que participaron siete de las mujeres dedicadas a la prostitución, que denunciaron la trama de corrupción, para reconocer a tres de los agentes implicados en la causa que se encuentran en prisión, así como a tres ciudadanos rumanos.

Estas mujeres, que han declarado como testigos ante el juez después del reconocimiento, han identificado a uno de los ciudadanos rumanos, llamado Catalin, como el hombre que las exigía dinero por trabajar en una determinada "calle" de un polígono de Vicálvaro (Madrid), y también han reconocido al segundo de Ginés Jiménez.

Fuentes de la investigación han explicado que si las prostitutas no pagaban ese dinero a Catalin, éste mandaba a Carlos M.G. porque le tenía "protegido", y a cambio, el agente obtenía relaciones sexuales con las mujeres gratuitamente.

Algunas de ellas también han reconocido en la rueda a los otros dos ciudadanos rumanos, los hermanos Ionut y Francis G., que, según las mismas fuentes, son "conocidos de la zona" de Catalin pero con sus "propios negocios". Esta versión no coincide con la que ha explicado el abogado de Carlos, Alberto Fernández-Palacios, que ha dicho que las prostitutas han inculpado únicamente a Catalin y a su pareja, otra meretriz llamada Andrea.

Según el letrado, las mujeres han relatado que estas dos personas les pedían dinero bajo la amenaza de que estaban protegidos por la Policía Local de Coslada, pero ha sostenido que a su cliente sólo le conocían "de patrullar" por la zona.

Los otros dos agentes que han intervenido en la prueba han sido los acusados Adrián J.P. y Antonio José C.A. Al primero sólo lo ha reconocido una de las siete prostitutas, que trabajaba en el club "Oasis" de Coslada, mientras que las otras seis, que ejercían su profesión en un polígono de Vicálvaro (Madrid), no lo han identificado, ha indicado su defensa.

Por su parte, el abogado de Antonio José C.A. ha asegurado que su cliente no ha sido reconocido por ninguna de las siete mujeres.

Tras la rueda de reconocimiento el juez ha tomado declaración a las siete prostitutas que han comparecido con los rostros ocultos, algunas con pasamontañas, otras con gafas de sol u ocultas bajo cazadoras.