Francisco Correa no pisará la calle, por el momento, a pesar de los reiterados intentos de sus abogados por conseguir su libertad a la espera de juicio. Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los mismos que anularon hace dos semanas los polémicos pinchazos carcelarios que amenazan parte de la instrucción del caso Gürtel, han avalado ahora la legalidad el registro de la celda del cabecilla de la trama y su lugarteniente, Pablo Crespo, en la cárcel de Soto del Real en mayo de 2006.

No era un tema baladí. La defensa de Correa había pedido la nulidad de todas las pruebas derivadas de aquel registro ordenado por el instructor Antonio Pedreira a petición de la Fiscalía y de la Brigada Antiblanqueo, sabedora de que en el allanamiento los funcionarios de prisiones encontraron documentos clave para prorrogar la prisión preventiva por el "riesgo de fuga" y la "reiteración delictiva", los dos argumentos de mayor peso a la hora de denegar una excarcelación de un preso preventivo o imponer una fianza.

En su fallo, los magistrados Javier Vieira, Emilio Fernández y José Manuel Suárez se muestran esta vez mucho más compresivos con su subordinado Pedreira que en el tema de las escuchas de las conversaciones entre imputados y abogados y rechazan el recurso de apelación que el abogado de Correa, José Antonio Choclán, había presentado contra la decisión del instructor de dar por bueno el registro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera "diáfana" la legalidad del allanamiento de la celda, ya que "existen en las actuaciones llevadas a cabo indicios diversos de la participación (de Correa) en numerosas actividades de apariencia sin duda delictiva, en las que se encuentran implicadas numerosas personas que se muestran como partícipes de una organización ilícita en la que el recurrente figura como uno de los dirigentes, desempeñando en ella quizás el papel de máximo jerarca".