El Gobierno valora ampliar el estado de alarma

El Gobierno empieza a verse ante un callejón de difícil salida en su pugna frente a los controladores. El decreto del estado de alarma que le sirvió para forzar a los técnicos a volver al trabajo expira el 18 de diciembre y, según su propio análisis, la situación no permite renunciar aún a la solicitud de una prórroga, pero el consenso que concitó aquella solución excepcional se resquebraja. El PP lanzó ayer la primera advertencia en contra de la ampliación de esa figura jurídica, inédita en democracia.

No es la única formación que pone pegas a esa salida crítica con la que el Ejecutivo estudia garantizarse la tranquilidad durante las Navidades. Las fuerzas de izquierda en el Congreso ya avisaron al Gobierno en el debate del jueves de que tampoco darían su visto bueno. Es cierto que para que la cámara autorice la prórroga bastaría con mayoría simple, pero también lo es que recurrir a una medida extraordinaria con casi la mitad de las Cortes en contra situaría al Ejecutivo en una situación difícil. "Que el estado de alarma sirva para resolver un conflicto laboral es dudoso, desde el punto de vista constitucional", anticipó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, en la cadena Cope.

También está por ver que otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, respalden la medida. Su apoyo no es ni preceptivo ni vinculante, pero refuerza la acción del Gobierno.

Rubalcaba no se fía

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, no descartó aún así dar el paso. No se fía de los controladores, por más que el portavoz de su sindicato, César Cabo, haya asegurado que no harán huelga en Navidades y aunque haya descrito el comportamiento de sus colegas como un "suicidio colectivo".

El hecho de que, al mismo tiempo, haya denunciado que no había motivo alguno para cerrar el espacio aéreo porque el 70% de la plantilla estaba trabajando, o el que dijera que el decreto del día tres prueba que tenía la militarización preparada, escamó al Consejo de Ministros. "Hemos tomado nota del desparpajo notable con el que se pasean como si aquí no hubiera pasado nada, para defender sus privilegios tratando de minimizar los efectos de lo ocurrido -avisó Rubalcaba en rueda de prensa-. No son conscientes de que han hecho algo gravísimo".

Por si acaso, el Gobierno ya ha hecho sus cálculos: una prórroga exigirá un Consejo extraordinario, como tarde, el próximo miércoles.

Mientras, los controlados aéreos que ayer estaban citados por la Fiscalía Provincial de Madrid volvieron a utilizar la estrategia del silencio. Su comparecencia, por tanto, fue testimonial y, al igual que hicieran sus 12 compañeros que fueron llamados el jueves, se acogieron a su derecho de no declarar por entender que la jurisdicción competente en este caso es la militar.

La Fiscalía recordó a los controladores que las actuaciones que provocaron el cierre del espacio aéreo tuvieron lugar antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma, por lo que aún no estaban sujetos a la jurisdicción castrense. No obstante, el Ministerio Público no aclara si con el decreto del viernes por la noche, en el que se acordaba la militarización de los puestos de vigilancia aérea, ya regía la jurisdicción militar o seguía la ordinaria.

Sea como fuere, la maquinaria judicial para investigar la huelga ya está en marcha y el próximo lunes otros ocho controladores pasarán ante la Fiscalía de Madrid. Así hasta llegar a los 175 técnicos que, solo en los aeropuertos de Barajas y de Torrejón de Ardoz, están vinculados al paro aéreo protagonizado por 440 controladores, a los que AENA ha abierto expediente en toda España por posible sedición.