El Gobierno, bajo la atenta mirada del PP y de las víctimas del terrorismo, se acerca al momento de la verdad. Alfredo Pérez Rubalcaba no para de repetir que Batasuna o cualquiera de sus trasuntos se quedarán fuera las elecciones salvo que ETA deje de matar para siempre, renuncia que no se desprende ni de sus comunicados ni de sus actos, o que su brazo político reniegue de la banda y condene con claridad sus asesinatos. Es el ultimátum para Arnaldo Otegi y sus compañeros, que se condensa en la disyuntiva «o bombas o votos».

Sin embargo, los populares y las víctimas, que con alguna excepción han cerrado filas con el Ejecutivo para lograr el final de la violencia sin negociación ni concesiones políticas, también han dejado claro que el poso de desconfianza, fraguado durante el fracasado proceso de paz, solo se desvanecerá con la exclusión electoral y la salida del entorno político de la banda de los ayuntamientos vascos y navarros. La ausencia de Batasuna o sus herederos en las urnas el 22 de mayo se presenta así como la prueba de fuego para que Zapatero mantenga y refuerce la unidad antiterrorista, justo en el momento en que una ETA parece comenzar a recorrer su tramo final.

Mañana, lunes, Rufi Etxebarria, la principal cara visible que Batasuna tiene fuera de la cárcel, presentará en un acto público en el palacio Euskalduna de Bilbao las nuevas siglas políticas y los estatutos de la formación que la izquierda abertzale, tras meses de anuncios y postergaciones, pretenden inscribir el miércoles en el registro de partidos del Interior. Los expertos antiterroristas esperan que reitere la presunta apuesta exclusiva por las vías políticas y exhiba unos estatutos «impecables» desde el punto de vista legal, pero no prevén que dé el paso decisivo de la condena a ETA y sus crímenes.

De forma paralela, los letrados de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, coordinados con Interior, acelerarán la redacción de las demandas que dentro de unas semanas presentarán ante el Supremo para reclamar que el Alto Tribunal rechace la inscripción del partido por ser un heredero directo de Batasuna y, por lo tanto, un nuevo intento de fraude para burlar la ilegalización decretada en 2003.

Los mismos policías y guardias civiles que tomarán buena nota de los asistentes y las intervenciones del Euskalduna, así como de los movimientos posteriores de la izquierda abertzale, investigan desde hace casi un año el germen del nuevo partido y todos los movimientos internos y públicos del entorno político de ETA. Sus trabajos, enriquecidos por las aportaciones del CNI, están ya plasmados en una docena de informes y atestados, el último de la semana pasada, en los que se constata que Batasuna ni siquiera se molesta en ocultar la paternidad de su nueva pantalla política, que está promovida por no menos de 20 de los más destacados dirigentes de las distintas formaciones ilegalizadas por sus vínculos con ETA.

La Guardia Civil también aportará documentos incautados en las dos últimas operaciones contra Ekin -el comisariado político-, en los que ETA, al menos hasta tres meses antes del alto el fuego parcial de septiembre, insistía en arrogarse el papel de «dinamizadora política» de la izquierda abertzale e insistía en la necesidad de concurrir a las municipales para no perder influencia ni poder.

Interior y la Fiscalía creen que, solo con los incididos ya recabados, el Supremo tendrá munición jurídica suficiente para desechar las nuevas siglas por ocultar a la ilegalizada Batasuna. Se trata de un incidente de ejecución de sentencia, por lo que ni siquiera hace falta ya probar al tribunal posibles vínculos directos con ETA.

La segunda parte de esta final a doble partido se jugará entre abril y mayo, en las semanas y días previos a las elecciones. Los expertos calculan que el Supremo y el Constitucional tumbarán las nuevas siglas en mes y medio o dos meses, como ya hicieron en 2007 con un intento similar llamado Abertzale Sozialisten Batasuna.