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LEY DE MUERTE DIGNA

El Gobierno regulará el testamento vital y las últimas voluntades

Presidencia cree que la Iglesia es "favorable" a la homologación de la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que se aprobará en marzo.

La Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna que aprobará el Gobierno el próximo mes de marzo incluirá "un registro de voluntades y testamentos de vida para garantizar el derecho tanto de pacientes como de familiares", según señaló la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín.

Preguntada sobre cómo se va a coordinar la nueva norma con las comunidades autónomas, Pajín insistió en que se trata de "una estrategia nacional de cuidados paliativos, con la que se pretende dar un mejor tratamiento a los pacientes y mejores cuidados en sus últimos días de vida". "El objetivo es ofrecer un servicio de calidad, en equidad de condiciones, se viva dónde se viva", aseguró la titular del ramo.

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, explicó ayer que hay una posición "favorable" de la Iglesia a facilitar la "homologación legal" para que la muerte, en el caso de los enfermos terminales, se produzca "sin sufrimiento". Jáuregui se mostró favorable al punto de vista de la Iglesia en el debate público en estas materias de "valores éticos y morales", pero aceptando que son las Cortes Generales las que tienen la soberanía popular. "Las leyes las hacemos los hombres, no Dios, y eso debe ser aceptado por la Iglesia", exclamó. Por ello, aclaró que su posición es la de "escuchar". No obstante, recalcó que "la decisión siempre debe de ser de los órganos legislativos de la soberanía".

Jáuregui ha mantenido algunas conversaciones sobre este asunto -la propuesta del Gobierno de regular por ley los cuidados paliativos y la muerte digna para los enfermos terminales- con cardenales españoles y también con parte de la Conferencia Episcopal y, según precisó, no ha visto, por su parte, "una actitud particularmente negativa".

"Yo creo que ha habido más bien una posición favorable a aceptar una regulación que evite el encarnizamiento terapéutico y por lo tanto a facilitar la homologación legal de este tránsito al fin de la vida que todos deseamos dulce, sin sufrimiento, también la Iglesia", argumentó el ministro.

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