El Gobierno recurrirá al Constitucional para frenar en seco la iniciativa del lendakari

El Gobierno frenará en seco la iniciativa de Juan José Ibarretxe si el Parlamento vasco la aprueba y se convierte en ley. El instrumento será un recurso de inconstitucionalidad que los Servicios Jurídicos del Estado preparan ya. Su mera admisión en el Constitucional supondrá la suspensión inmediata de la norma cuestionada por un plazo de inicial de cinco meses, lo que hace inviable la celebración de la consulta prevista para octubre.

Acababa de presentar en público el lendakari en Vitoria el contenido de su iniciativa cuando le llegó la respuesta del Ejecutivo. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, compareció para dejar constancia, una vez más, de la "total oposición" del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero al proyecto con el que se intenta dar cobertura legal a un referéndum sobre el final dialogado con ETA y el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Pero esta vez las palabras vinieron acompañadas con el aviso de una actuación judicial.

El Gobierno podría haber optado por un recurso contencioso-administrativo presentado por su delegado en el País Vasco ante el superior de justicia de la comunidad. Pero durante su tramitación en aquel tribunal, como la resolución del correspondiente recurso ante el Supremo, la ley que habilita al 'lehendakari' a convocar un referéndum seguiría viva y en vigor.

El Ejecutivo ha optado por acogerse al artículo 161.2 de la carta magna y presentar de manera directa un recurso ante el Constitucional que deberá firmar Rodríguez Zapatero en persona. La corte comunicará entonces la iniciativa gubernamental al Parlamento vasco, comunicación que suspenderá de manera automática la vigencia de la norma cuestionada.

Tras un primer plazo de cinco meses, el Constitucional puede mantener la suspensión en vigor hasta un máximo de cinco años si no hubiese resuelto antes el fondo de la reclamación del Gobierno socialista.

Respuesta seria

La rápida actuación del Gobierno evidencia que Rodríguez Zapatero ha comenzado a tomarse en serio el reto de Ibarretxe. Cuando el dirigente autonómico presentó el 28 de septiembre ante el pleno de la cámara vasca su 'hoja de ruta', el jefe del Ejecutivo creyó que iba de farol, que se trataba únicamente de una ocurrencia propia del clima preelectoral.

Entonces los socialistas optaron por una respuesta de perfil bajo y por la mera declaración política. Ahora, sin perder la compostura dialéctica y de forma medida -no es casual que el aviso no provenga de Rodríguez Zapatero o de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega- han dado un paso al frente. Según admitió Salgado, porque las palabras "no han servido de mucho" para impedir que el 'lehendakari' "siga adelante" con sus planes.

En todo caso, en el Gobierno y el PSOE son muchos quienes confiesan que si el Parlamento vasco diera luz verde al proyecto el próximo 27 de junio rompería sus previsiones. Siguen viendo el necesario apoyo del PCTV a la iniciativa como la hipótesis menos factible. "Bien es cierto -conviene un ex ministro que participó de primera mano en la estrategia frente al plan Ibarretxe- que también pensamos en 2005 que no saldría y al final Sozialista Abertzlaeak dividió su voto para que el proyecto soberanista prosperara".

Cambio de estrategia

Aquel órdago llegó así a las Cortes Generales. Y el PSOE defendió ante el PP la necesidad de someterlo a un debate de toma en consideración para no alimentar el discurso "victimista" del PNV. Esa estrategia era la misma que el Ejecutivo había prometido aplicar en esta ocasión. Pero el aviso de que presentará recurso de inconstitucionalidad supone su abandono. Ahora los diputados vascos discutirán sobre una ley a la que el Gobierno ha puesto veto de antemano, sin esperar siquiera a que sea el PSE el que gane la batalla dialéctica en la cámara autonómica.

Con esta actitud el Ejecutivo ha querido lanzar un mensaje de "firmeza". Salgado insistió en que lo que pretende Ibarretxe es contrario a la Constitución, al Estatuto de Guernica y al ordenamiento jurídico que, ni reconoce el derecho de autodeterminación ni concede a nadie más que al presidente del Gobierno la potestad de convocar referendos. Y además insistió en que no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos vascos que desean que sus Gobiernos "resuelvan sus problemas y no generen enfrentamientos estériles, que cuestionan la legalidad vigente y que no llevan a ninguna parte".

La ministra de Administraciones Públicas ni siquiera entró a valorar las preguntas que el jefe del Ejecutivo vasco pretende someter a consideración de los suyos; cuestiones que, insiste el 'lehendakari', el PSOE no dudó en negociar en la pasada legislatura tras el alto el fuego de ETA. Pero sí alegó que "el máximo consenso político es, si cabe hoy más que nunca, esencial ante actos terroristas que pretenden alterar la vida del conjunto de los ciudadanos". "Esta consulta -insistió- no tiene sentido en sí misma".