POLÍTICA

El Gobierno reactiva la renovación del TC

Los socialistas se muestran dispuestos a aceptar a los hasta ahora "inasumibles" candidatos del PP al Constitucional.

Montilla saluda a la portavoz del PP en la comisión de comunidades, Alicia Sánchez Camacho.
El Gobierno reactiva la renovación del TC
CHEMA MOYA/EFE

Entre las pocas vías de que disponía para evitar un nuevo conflicto a cuenta del recurso de inconstitucionalidad contra el 'Estatut', el Gobierno ha optado por la menos cruenta. La portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, anunció ayer que su formación está dispuesta a aprobar el nombramiento de los dos únicos candidatos propuestos por el PP para renovar el Constitucional; los hasta ahora "inasumibles" Francisco José Hernando y Enrique López.

Este giro se produce después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional fracasara por sexta vez en su intento de sacar adelante una sentencia sobre el marco de autogobierno de Cataluña. La pelota está ahora en el tejado de la presidente de este órgano, María Emilia Casas, que ha tomado las riendas de la nueva ponencia después de casi cuatro años de debate. Pero el Ejecutivo considera que ya ha quedado suficientemente probada la impotencia de la institución para, en su actual composición, deshacer el bloqueo.

En todo caso, la decisión de poner en marcha el proceso de renovación de los cuatro magistrados que deben ser elegidos por la cámara alta -también paralizado desde hace año y medio- viene impulsada por la tensión entre el PSOE y el PSC a cuenta de la decisión del presidente de la Generalitat, José Montilla, de promover una reforma legislativa que fuerce el relevo en el Constitucional.

El tripartito catalán -el PSC, ERC e ICV- y el primer partido de la oposición en aquella comunidad, CiU, llegaron a un acuerdo para forzar en las Cortes Generales el debate de una propuesta que, entre otras cosas, pretende negar al tribunal la capacidad de emitir una sentencia interpretativa de los estatutos autonómicos. La idea planteaba dudas de inconstitucionalidad que el PSOE pretende atajar antes de verse obligado a escenificar un desencuentro en el Congreso con su partido hermano, que aporta 25 diputados a sus filas.

La ofensiva catalana estaba aún en una fase incipiente y, de momento, restringida al Senado. Pero el PSC y el PSOE llevaban semanas trabajando en una fórmula de consenso para neutralizar los efectos de un choque de voluntades en plena precampaña electoral para las elecciones de Cataluña. Y si Zapatero se mostró en un principio reacio a poner al Constitucional en el disparadero forzando su renovación cuando aún no ha dictado sentencia, finalmente cedió.

En todo caso, la Entesa, grupo parlamentario en el Senado del PSC, ERC y ICV, y CiU, registraron ayer en el Senado su iniciativa. Pero es un hecho que la coincidencia del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, con Mariano Rajoy en que cambiar ahora a los magistrados en situación de interinidad sería como cambiar las reglas a mitad de partido ha quedado sepultada. El grupo parlamentario socialista pedirá hoy en la junta de portavoces del Senado que se reactive la comisión de nombramientos de magistrados.

Prosiguen los trabajos

Nada de esto impide que el Constitucional siga adelante con sus trabajos. Sigue siendo intención de su presidenta aprobar una sentencia antes de que acabe junio. Y, en todo caso, dar de nuevo a la manivela de los nombramientos no equivale a que la renovación se vaya a producir en breve. Fuentes socialistas advierten de que es probable que la Mesa del Senado deba preguntar a los Parlamentos autonómicos si las candidaturas remitidas en 2008 son válidas. Además, se abre la incertidumbre de si el Parlamento vasco y el gallego, renovados en este tiempo, deberían actualizar su propuesta.

La líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, se mostró contraria a que se active ahora la renovación. "Se trata de una maniobra de dilación del Gobierno para que no haya sentencia antes de las elecciones", dijo. Su jefa de filas, María Dolores de Cospedal, aseguró sin embargo que su formación no se opondrá a que se desbloquee el Constitucional. Una contradicción más en la ceremonia de la confusión que rodea a todo lo que se refiere al 'Estatut' y al tribunal, sin distinción de color político.