El Gobierno y el PP quieren modificar el actual sistema utilizado para aprobar envíos de tropas al exterior en misión de paz. Socialistas y populares nunca han estado satisfechos del todo con la fórmula que el PSOE instauró en 2005 con la Ley de Defensa Nacional, que obliga al Consejo de Ministros a recabar el permiso del Congreso, que autoriza o rechaza la misión -esto último nunca lo ha hecho- tras un breve debate en el Pleno o en la Comisión de Defensa. La ministra responsable del área, Carme Chacón, solicitó el pasado 30 de junio en el Parlamento el apoyo de los grupos para mejorar ese sistema, que adolece de una regulación detallada. El PP presentó días después una propuesta para que no haya más envíos «a ciegas» de soldados a jugarse la vida en escenarios difíciles.

Las palabras de Chacón a los diputados no plantean dudas sobre la voluntad del Gobierno de acometer esta reforma: «Solicitaré su colaboración para que, durante la presente legislatura, seamos capaces de regular los procedimientos parlamentarios para autorizar una nueva misión, la ampliación de otra existente o cuantos otros aspectos considere esta Cámara necesarios». No mencionó, entre esos aspectos, el más demandado la legislatura pasada por el PP e IU, que se habilite un sistema para que la cámara pueda «revisar» con regularidad las autorizaciones ya concedidas, y ratificar ese permiso u ordenar el regreso de un contingente si considera que ha cambiado la misión para la que fue movilizado.

El PP presentó el pasado 8 de julio una petición al presidente Congreso de los Diputados y ex ministro de Defensa, José Bono, para que sea él quien tome la iniciativa e instaure el nuevo mecanismo previa deliberación de los grupos en la Junta de Portavoces. Los 'populares' se quejan en el escrito de que enviar personas a «escenarios lejanos, complejos y peligrosos» supone «una excepcional y grave responsabilidad» -corroborada por las bajas sufridas en Afganistán y Líbano- que los parlamentarios ahora asumen «a partir de una exposición, a veces muy somera, del Ministro de Defensa» y «en base exclusivamente a la confianza en la responsabilidad y capacidad» de quienes dirigen las Fuerzas Armadas.

Número de efectivos

El partido opositor pide que en adelante haya una información «previa y completa» a los diputados sobre el tipo de operación para la que se pide permiso, que incluya los antecedentes del conflicto y detalle si se trata de un apoyo humanitario a países afectados por una catástrofe natural u otro tipo de despliegue. El PP quiere también que el Congreso pueda recabar asesoramiento y apoyo de técnicos, expertos y militares, según el tipo de misión, para la mejor definición del dispositivo, y que, oídos esos especialistas, los grupos puedan plantear enmiendas a la autorización pedida por el Gobierno con propuestas de modificación en aspectos tan sensibles como el «número de efectivos».

Los socialistas no han entrado, por ahora, a valorar estas propuestas, pero su portavoz de Defensa, Jesús Cuadrado, admite que es preciso estudiar cómo se puede regular el procedimiento. Un aspecto propuesto por el PP en el que sí están de acuerdo es en que la nueva normativa tendrá que definir cuál es el órgano de la cámara que debe conceder la autorización, el pleno o la comisión de Defensa. El PP plantea que pueda ser uno o la otra, según el tipo de despliegue a realizar.

El PP quiere, además, que el Congreso defina para cada misión el tipo de «actuaciones a seguir en situaciones de emergencia» y la forma en que el Gobierno cumplirá el mandato de «informar periódicamente, en un plazo en ningún caso superior a un año, sobre el desarrollo de las operaciones», que le impone la Ley de Defensa Nacional. La portavoz 'popular' de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, confía en que pronto habrá un nuevo sistema para que la decisión de enviar soldados a jugarse la vida al exterior se adopte de forma más pausada y con conocimiento «del terreno y de la operación».