El Gobierno confirmó ayer que no pondrá objeciones a que David Taguas, ex director de la oficina económica de La Moncloa (órgano creado por el propio José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 para asesorarle), presida Seopan, la patronal de las constructoras de obra pública, cargo que podrá ocupar de manera oficial desde hoy. Así lo señaló en el Pleno del Congreso de los Diputados la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien dijo que de acuerdo con el informe elaborado por sus técnicos aquel no incurre en incompatibilidades, al tiempo que negó que el interesado hubiera recibido un informe previo.

Ante las fuertes críticas de PP e IU-ICV por ese nombramiento, tanto por las formas como por el fondo (dado que Taguas ha sido uno de los principales defensores del aumento de contratación de obra pública), Salgado argumentó que en este caso se han cumplido tanto la legislación vigente como el Código de Buen Gobierno impulsado por el propio Rodríguez Zapatero. "Lo verdaderamente importante -respondió a los diputados de la oposición- no es lo que yo piense, sino lo que dictamine la propia oficina de conflictos". En este sentido, explicó que los técnicos han considerado que al ser Seopan una asociación privadas sin ánimo de lucro y no una empresa ni tampoco "un grupo de presión", no se produce una colisión de intereses.

Por su parte, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, dijo que los cambios en la empresa privada "nada tienen que ver con la licitación" de su Departamento. Taguas, quien relevó a Miguel Sebastián en Moncloa en diciembre de 2006, sustituirá al frente de Seopan a Enrique de Aldama, fallecido en septiembre de 2007. Bajo su presidencia tendrá a 33 empresas constructoras, cuyo negocio representa más del 7% del PIB y dan trabajo a 420.000 personas.

Este tema fue uno de los que se trataron ayer en la primera sesión de control parlamentario de la legislatura, un debate que había despertado expectativas, pero que quedó eclipsado por el atentado de ETA. Por ello, los portavoces del PP, CiU y PNV desistieron de formular sus preguntas al presidente del Gobierno e hicieron declaraciones de condena al ataque. Mariano Rajoy renunció a preguntar sobre el agua; Josep Antoni Duran i Lleida tampoco interrogó a Zapatero sobre el colapso en los juzgados, y Josu Erkoeka dejó para otra ocasión la protección de los pesqueros en el Índico.

Quienes hablaron fueron los ministros. El de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, volvió a decir que no permite que se hable de un colapso en la Administración de Justicia. "Tenemos una situación de retraso endémico, pero pasa desde hace 30 años", sostuvo. Por su parte, la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró que las posibilidades de que un país como España, con sus "propios medios", pueda acabar con la piratería resulta "altamente remoto". Chacón añadió que asumir exclusivamente la responsabilidad de acabar con la piratería en las aguas más conflictivas supondría para España un "esfuerzo militar y económico disparatado".