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INMIGRACIÓN

Nacionalidad española para los inmigrantes con hijos españoles

El desarrollo de la Ley de Extranjería, que estará listo en dos meses, también concreta las figuras de arraigo laboral y social.

El Gobierno otorgará permiso por arraigo a los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española, según se desprende del borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado ayer por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después de la fecha prevista.

Este requisito forma parte de una nueva figura denominada arraigo familiar, mediante la que se regularizará la situación de los padres de los menores con nacionalidad española «siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización». Asimismo, se otorgará este arraigo cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.

Este documento de 264 artículos inicia desde este martes un periodo de alegaciones y, según indicó la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, el borrador definitivo estará terminado en «aproximadamente dos meses», tras las aportaciones de los interlocutores sociales y el informe del Consejo de Estado.

También se concretan las figuras de arraigo laboral y arraigo social. El primero afecta a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante al menos dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales y que demuestren la existencia de relaciones laborales de duración no inferior a seis meses.

En cuanto al arraigo social, se otorgará a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. Además, tendrán que carecer de antecedentes en los últimos cinco años y contar con un contrato de trabajo en el momento de la solicitud para más de un año.

El Gobierno también pretende elevar la protección a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Así, si denuncian y la sentencia es condenatoria para el maltratador se les otorgará un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años. «En este país no se expulsa a las víctimas de violencia de género», indicó Terrón.

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