madrid. El Gobierno asignará el almacén temporal central de residuos nucleares al municipio que, además de cumplir los requisitos técnicos para hacer viable la ubicación del silo, logre generar en torno al proyecto el "máximo consenso" político y social, según dejó ayer claro la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

A pocas horas del cierre del plazo de presentación de candidaturas, previsto por el Ministerio de Industria para hoy a las 00.00, al menos diez ayuntamientos de cinco comunidades ya han registrado la documentación necesaria para convertirse en aspirantes a albergar la infraestructura. Fuentes ministeriales no descartaron que, al final, los solicitantes finales lleguen a la docena ya que se desconocen las localidades que han presentado ante el Ministerio la documentación pero que no han querido hacer pública su candidatura.

Ante la fuerte polémica que ha desencadenado esta semana el tramo final del concurso, con duros enfrentamientos entre instituciones regionales y locales, entre unos ayuntamientos con otros de la comarca, y entre concejales y dirigentes provinciales y autonómicos del mismo partido, el Gobierno pidió a todos que "se sosiegue el debate" y se actúe "con coherencia" y, a cambio, prometió que decidirá "con rigor" y premiará al aspirante que suscite mayores apoyos en su zona de influencia.

Estudio técnico exhaustivo

De la Vega explicó que, cerrado el plazo de solicitudes, Industria realizará un estudio técnico exhaustivo de las características de cada localidad y emitirá, antes del verano, un informe en el que realizará una propuesta de designación con los municipios que reúnan las mejores condiciones técnicas y de seguridad. A partir de la propuesta, el Consejo de Ministros, entre junio y julio próximos, decidirá el ganador. Para la designación será determinante la paz política y social que concite la adjudicación.

A dos horas del cierre del plazo, competían por albergar el almacén las poblaciones manchegas de Villar del Pozo (Ciudad Real), Villar de Cañas (Cuenca) y Yebra (Guadalajara); las castellano y leonesas de Santervás y Melgar de Arriba (Valladolid), Congosto de Valdavia (Palencia) y Torrubia (Soria); la catalana de Ascó (Tarragona); la valenciana de Zarra (Valencia); y la extremeña de Albalá (Cáceres).

Salvo Ascó, una población mediana gobernada por CiU, el resto de los candidatos son pueblos pequeños, varios de ellos de menos de 1.000 habitantes, con equipos de gobierno en los que participa el Partido Popular, bien en solitario o en asociación con independientes.

El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, señaló, tras registrar su candidatura ante la delegación del Gobierno, que cree que sus posibilidades son escasas "porque ahí existe ya un pacto" que apunta hacia Ascó.

Zarra es un municipio de 534 habitantes -cercano a Cofrentes, que alberga una central nuclear desde hace 25 años -, que vive fundamentalmente de la construcción y del olivo, además de la llegada de extranjeros procedentes del Reino Unido en la última década.

El atractivo del proyecto

Por su parte, el Ayuntamiento de Villalón de Campos (Valladolid), uno de los núcleos más poblados de Tierra de Campos, aprobó ayer una moción en la que comunica al Gobierno de España su oposición a la instalación de un Almacén Temporal Centralizado en la comarca, donde dos pueblos han presentado sendas candidaturas.

El gran atractivo del proyecto es el beneficio económico que para la zona conllevará su consecución.

El almacén de residuos nucleares, que durante 60 años acogerá los desechos generados por los diez reactores nucleares existentes en España -ocho de ellos en funcionamiento-, supone una inversión de 700 millones de euros en su construcción, pero solo precisa de un terreno de unas 13 hectáreas y, a cambio, generará 500 puestos de trabajo directos y centenares de empleos inducidos.

El municipio que logre la concesión recibirá una subvención anual de Enresa, la empresa que gestiona estos residuos, de 2,4 millones de euros y otros 3,6 millones más para repartir entre los pueblos que estén en un radio de 12 kilómetros de esta infraestructura. De forma adicional, los mismos ayuntamientos podrán aspirar a otros 1,8 millones de euros para realización de proyectos de desarrollo local.