El Gobierno no logra parar la huelga de los jueces conservadores

La "buena disposición" del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no ha sido suficiente para evitar una nueva huelga judicial. Siete meses después de llegar al cargo, sus ambiciosos planes de modernización de la administración de justicia no han logrado convencer a los jueces conservadores, cuyo colectivo, la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en la carrera con unos 1.200 asociados, colgará la toga el jueves 8 de octubre.

Será la segunda ocasión en que los jueces irán a la huelga. Pero a diferencia del paro del 18 de febrero, secundado por un 70% de la carrera, los apoyos en esta ocasión se presumen menores. El resto de asociaciones, la moderada Francisco de Vitoria, la progresista Jueces para la Democracia y el minoritario Foro Judicial Independiente, se han desmarcado de la convocatoria y no todas las juntas de jueces provinciales van a seguir los pasos de la APM.

De momento, sólo las asambleas de Ciudad Real, Toledo, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón, La Coruña, Córdoba y Zamora han apoyado las "medidas de presión", Madrid no las ha secundado y este miércoles se reúnen los jueces sevillanos para tomar una postura definitiva. No obstante, el ambiente entre las bases "es de momento muy frío y gélido", según Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria.

Precisamente, desde Sevilla emergió hace un año el denominado 'Movimiento 8 de octubre', la rebelión que los togados llevaron a cabo en la red para apoyar a su compañero Rafael Tirado, denostado por amplios sectores por el 'caso Mari Luz', y a la vez denunciar las injerencias del Gobierno en la administración de Justicia. La APM se ha aferrado a esa fecha simbólica para llamar de nuevo a la huelga.

Tira y afloja

La decisión de los jueces conservadores de parar el 8 de octubre llevaba en maduración desde junio. Desde el primer momento, consideraron "claramente insuficientes" los planes de modernización del ministerio y los 600 millones de inversión. Y en verano elevaron el listón de sus demandas -reforma salarial, plazas de jueces o presupuestos- hasta cotas difícilmente alcanzables para el departamento de Justicia.

De ahí que el ministro rompiera la baraja la pasada semana y asumiera que las amenazas de huelga "ya" no le importaban. "Es una cuestión que puntualmente ya no nos preocupa, y ese día como cualquier otro día el Ministerio seguirá trabajando para modernizar la Justicia", señaló.

Desde su departamento tienen claro que la movilización de los jueces conservadores atiende a un cálculo político y corporativo.

Aseguran que su voluntad de diálogo ha quedado "suficientemente" acreditada y defienden el trabajado realizado desde su llegada al cargo, el 24 de febrero pasado tras la dimisión de Mariano Fernández Bermejo.

"En este tiempo hemos aprobado la Ley de la Oficina Judicial, modificado la agenda de señalamientos, creado la figura de los jueces de adscripción territorial y puesto en marcha medidas de conciliación laboral", enumeró Caamaño este martes en un desayuno informativo. El ministro, además, presentó como un éxito el aumento un 13,4% del gasto en Justicia de los próximos Presupuestos. Y eso pese a la crisis.