"Este asunto no requeriría el estado de alarma si no fuera por la absoluta incapacidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para resolver el problema de otra forma". La frase de la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, resume el tono crítico con el que el Congreso recibió la petición del Ejecutivo de prorrogar hasta el 15 de enero el estado de alarma decretado el 3 de diciembre.

La propuesta salió adelante con el apoyo de CiU, el PNV y CC y la abstención de los populares. Pero ni siquiera quienes dijeron 'sí' mostraron entusiasmo ante la idea de mantener por más tiempo una medida que evidencia, admitió el nacionalista vasco José Ramón Beloki, un "fracaso político en toda regla".

Tampoco faltó quien echara en cara al Gobierno que, por demás, tratara de hacer pasar el asunto por la Cámara casi de tapadillo. José Luis Rodríguez Zapatero estuvo al final presente durante todo el debate. Tuvo tiempo de oír las intervenciones e incluso a votar antes de coger el avión hacia Bruselas para participar en el Consejo Europeo. Pero, aún así, fue el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y no él quien se tomó el trabajo de intentar convencer a las fuerzas parlamentarias de que el Gobierno "ha evaluado de manera exigente" las circunstancias hasta llegar a la conclusión de que no cabía más salida que permanecer todas las fiestas navideñas en estado de alarma porque se corría el riesgo, dijo, de que se produjera una situación "siquiera similar" a la de hace dos semanas. "La mera incertidumbre -alegó- representa un coste inasumible".

Los segundos espadas

Lo cierto es que la táctica de rebajar la importancia del debate resultó porque, contagiados, muchos grupos, incluido el PP, delegaron en los segundos niveles la defensa de sus posiciones. Ni el catalán Josep Antoni Duran i Lleida ni el vasco Josu Erkoreka subieron a la tribuna. Fueron los portavoces de CiU y el PNV en la comisión de Fomento, Pere Macías y Beloki, quienes avisaron de que si el 15 de enero el Gobierno tiene la tentación de pedir otra prórroga no podrá contar ya con ellos. "Una vez superadas estas fechas tan importantes hay que realizar con toda contundencia una profunda revisión de lo sucedido", remarcó el representante de los nacionalistas catalanes.

Lo que no pudo evitar el Ejecutivo fueron los durísimos reproches del PP y de todas las fuerzas de izquierda en lo que, a su juicio, es un uso torticero de la Constitución. Porque, aunque Jáuregui hiciera hincapié en que su objetivo es proteger a 3,5 millones de ciudadanos y evitar "miles de millones" de pérdidas económicas, todos esos grupos parlamentarios insistieron en que, al fin y al cabo, lo que no ha sido capaz de resolver el Gobierno es un "conflicto laboral".

Motivación "endeble"

"Su motivación -advirtió Joan Ridao- ha sido más bien endeble, escasa y, si se quiere, peregrina". El dirigente republicano, constitucionalista de formación, puso además en duda que la opinión pública vaya a entender que se ponga freno a un colectivo, aunque sea tan desprestigiado como el de los controladores, con soluciones de excepción. "Ojo, que puede volvérseles en contra porque el Gobierno del talante va a acabar como el Gobierno que solo sabe hacer política a base de pulsos y desafíos", remarcó.

En todo caso, la prórroga prosperó y ahora el Gobierno tendrá que buscar el modo de garantizar que, una vez toque a su fin, el caos no se apodera de las torres de control. El ministro de Fomento, José Blanco, dijo en los pasillos del Congreso que su intención es aprovechar este periodo para retomar la negociación colectiva y se mostró poco partidario de recurrir a un laudo de arbitraje.

Según el ministro, los controladores -que ayer registraron en el Congreso con una hora de retraso el escrito en el que se comprometen a no alterar el espacio aéreo durante las próximas semanas- se han mostrado hasta la fecha incapaces de ofrecer una interlocución fiable. El Gobierno quiere que el diálogo se canalice a través de una única persona o de varias, pero siempre los mismos, algo que, de momento, aseguró el también número dos del PSOE, no se ha logrado.

Mientras que el portavoz de los controladores, César Cabo, acusó a Blanco y a AENA de no respetar el acuerdo de mínimos alcanzado con los controladores el pasado mes de agosto, el ministro hizo referencia a la misma fecha para decir que a él le "gustaría poder creerles, pero el 13 de agosto firmaron un acuerdo que ha quedado en papel mojado".