El Gobierno frena las exigencias de los piratas y juzgará en España a los detenidos

madrid. No hay vía para que los dos somalíes arrestados por la Armada española sean juzgados en su país de origen. Es la última palabra del Gobierno. Las expectativas despertadas por los secuestradores del 'Alakrana', primero, y por el propio Ejecutivo, después, en torno a una posible extradición de Abdu Willy y Raagegeesey al país africano han quedado mermadas. Si regresan, como exigen los piratas que mantienen retenidos a los 36 tripulantes del atunero vasco desde el 2 de octubre, será después de ser juzgados por la Audiencia Nacional. En todo caso, la última palabra la tienen los jueces. "Lo que hagan -señaló la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega- estará bien hecho".

En realidad, la opción de que el proceso judicial abierto contra los supuestos compinches del rapto se trasladara a Somalia siempre planteó dudas. Es más, en el propio Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero hubo quien lo calificó de "fantasía". El Ejecutivo la lanzó al aire a principios de esta semana, cuando la tensión provocada por el traslado a tierra de tres miembros de la tripulación y la amenaza de los captores de proceder a su ejecución si no se liberaba a los suyos, era máxima.

Ayer, el Ejecutivo dio un paso atrás. La legislación española permite que criminales que hayan atentado contra españoles o intereses nacionales en el extranjero sean juzgados en otro país, pero para eso es necesario que este sea competente y que haya iniciado un procedimiento para investigar y perseguir los hechos. La capacidad de un Estado fallido como Somalia para hacer semejante cosa es cuestionable. El embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, negocia con el primer ministro del llamado Gobierno de Transición, Abdurashid Sharmarke, pero este solo tiene cierta capacidad de control sobre una de las cuatro áreas en las que está dividido el convulso país.

Como responsable del Comité de Coordinación, la vicepresidenta asumió "todas las responsabilidades" en la gestión de la crisis del atunero vasco, recalcó que todas las decisiones se han tomado por unanimidad y subrayó que "no ha habido, ni habrá discrepancias" en el seno del Gobierno. Negó las evidentes discrepancias surgidas en el gabinete de crisis por la decisión de detener a los dos hombres y entregarlos a la Justicia española.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió ayer un escrito al Estado Mayor de la Defensa para que concrete el pabellón del pesquero vasco después que el abogado del pirata Abdu Willy cuestionase la nacionalidad del barco y sugiriera que en el momento de ser apresado ondeaba la ikurriña.

Francisco Javier Díez Aparicio alegó que, según un convenio internacional de seguridad marítima, la Armada no tendría que haber detenido a los piratas al no reconocer como propia la nacionalidad del atunero.

Pedraz, asimismo, envío una segunda providencia a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que le informe de la localización exacta del lugar donde fue detenidos los piratas.

El juez responde así a otro escrito del abogado en el que asegura que la zona de la detención "puede afectar a la competencia española por aplicación de la legislación internacional". Sugiere que la detención se pudo producir en aguas somalíes, por lo que se podría hablar de un secuestro ya que la Armada no informó a las autoridades de aquel país.