Reforma del Poder Judicial para reparar el 'Estatut'

El Consejo de Ministros encargó ayer al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que comience a elaborar el proyecto de reforma legal del Poder Judicial que permitirá a Cataluña recuperar y desarrollar alguno de los aspectos del 'Estatut' anulados en julio por la sentencia del Tribunal Constitucional.

La modificación normativa permitirá a esta comunidad, y a otras que también tienen esa competencia en sus nuevos estatutos, la constitución del Consejo Catalán de Justicia, que recibirá algunas de las atribuciones que hoy están en manos del Consejo General del Poder Judicial y de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma.

El cambio legal también facultará a los tribunales superiores para comenzar a desempeñar algunas de las competencias que hasta ahora ejercía el Tribunal Supremo y convertirse, con excepciones como el recurso de unificación de doctrina, en la última instancia judicial de su territorio. El Alto Tribunal, no obstante, mantendrá la categoría constitucional de cúspide del sistema judicial español.

Nuevas competencias

El proyecto de ley, que posiblemente será similar al elaborado por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que decayó en el Congreso por falta de consenso con el PP, podría atribuir al nuevo consejo catalán competencias en dotación de medios, habilitación de edificios, gestión de personal de los juzgados, sustituciones y planes de refuerzo, control disciplinario en asuntos leves o normas de reparto u organización, entre otros aspectos.

El aumento de competencias de los tribunales superiores tendrá que ver con la asunción de algunos de los actuales recursos de casación que resuelve el Supremo, pero sobre todo con el ejercicio de la segunda instancia en causas penales sentenciadas por las audiencias provinciales. El ministro también deberá modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal para permitir la incorporación, en su caso, de fiscales a los consejos de justicia.

Otros recortes del 'Estatut', como un papel más preponderante del defensor del pueblo catalán, podrían abordarse y corregirse mediante la negociación entre el Defensor del Pueblo nacional y el Síndic de Greuges para establecer un convenio de colaboración y de reparto de tareas en esa comunidad autónoma.

El Gobierno también acordó la reunión en los primeros días de septiembre de la Comisión Delegada para Política Autonómica con el objeto de analizar los temas que están pendientes de traspaso a Cataluña y los que podrían comenzar a traspasarse en un futuro próximo. Será preparatoria de la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Cataluña que abordará la ejecución de esos traspasos, que se celebrará el mismo mes de septiembre y antes de las elecciones catalanas.

La vicepresidenta primera, María Teresa de la Vega, indicó que "queremos dar satisfacción a las legítimas aspiraciones de Cataluña, de tener más autogobierno y de canalizar sus sentimientos identitarios".

Salvar la cara a Montilla

Con la iniciativa tomada ayer, se cumple la disposición que mostró José Luis Rodríguez Zapatero a ayudar al presidente de la Generalitat, José Montillla, a salvar la cara frente a sus electores tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 'Estatut'. Incluso a costa de un nuevo enfrentamiento con el PP.

Ya entonces, a principios de julio pasado, el presidente del Gobierno se comprometió a impulsar una reforma de ley orgánica del Poder Judicial para evitar que Cataluña se quede sin consejo autonómico de justicia, un órgano que el fallo de la corte suprimió de un plumazo. En principio, está previsto que el Ministerio que dirige Francisco Caamaño parta del proyecto de ley que aprobó en diciembre del año 2005.