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JUSTICIA

El Gobierno y el CGPJ intentan evitar la huelga y ven "asumibles" las reivindicaciones de los jueces

Consideran que la amenaza de huelga no es un obstáculo para llegar a un entendimiento.

Evitar la huelga con la que amenazan los jueces. Con este objetivo encima de la mesa se reunieron hoy el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras analizar el documento en el que las cuatro asociaciones judiciales convocaron una protesta el 18 de febrero y amenazan con una huelga en junio. El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, calificaron sus reivindicaciones de "asumibles" y aseguraron que muchas de ellas ya están "en estudio". Además anunciaron acuerdos concretos como la creación de la figura del "juez volante" o suprimir el traslado forzoso por ascenso. Y mientras su número dos intentaba templar gaitas con el CGPJ, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, fiel a su estilo volvió a dedicar duros calificativos a la amenaza de huelga de los jueces. Así, el ministro señaló que es "deplorable" que los magistrados se instalen en un modelo de protesta que calificó de "órdago al Estado".

El documento emitido la semana pasada por las cuatro principales asociaciones judiciales en el que convocaban una jornada de protesta para el próximo 18 de febrero y amenazaban con una huelga el 26 de junio si sus demandas no eran atendidas fue el primer punto en el orden del día de la reunión de la Comisión Mixta entre el Consejo y el Ministerio. Así lo aseguraron tanto el secretario de Estado de Justicia como la portavoz del CGPJ que, en la rueda de prensa posterior a la reunión, calificaron de "asumibles" las peticiones de los jueces y aseguraron que ya se trabaja en muchas de ellas.

"Hemos llegado a la conclusión de que las reivindicaciones son asumibles ya que fomentan la modernización y en todas ellas se estaba trabajando tanto en el CGPJ como en el Ministerio", afirmó Bravo, que además aseguró "con amenaza de huelga o sin amenaza de huelga, el Consejo no va a dejar de trabajar" en su propósito de mejorar la administración de Justicia. "No nos gusta la amenaza de huelga, pero no es un obstáculo para la negociación", añadió Pérez, que sin embargo reconoció que "es posible que existiese una condición de relación con las asociaciones más relajada si no existiera amenaza de huelga".

Interrogado ya por algunas de las principales reivindicaciones de los jueces, la mejora de su sistema de retribuciones, el secretario de Estado reconoció que el hecho de que "los jueces estén bien pagados repercute en la mejora del sistema", pero insistió en que "no hay prevista ninguna subida salarial distinta de la que ya está contemplada dentro del presupuesto de este año". En todo caso, matizó que "el que no haya una perspectiva inmediata de aumento, no impide que el Ministerio comparta una reflexión de que el sistema retributivo en su conjunto debe reestudiarse, corregirse y rectificarse".

En cuanto a otro de los focos de tensión en la relación entre los jueces y el Gobierno, las supuestas injerencias del Ejecutivo en relación al 'caso Mari Luz, Bravo, se limitó a invocar "la división de poderes" que, recordó, está "garantizada por la Constitución". "Nosotros confiamos en los poderes públicos, respetamos sus críticas y entendemos que son manifestaciones de su libertad de expresión, si bien es cierto que siempre hemos reivindicado un clima de calma y de respeto institucional", añadió. 

Acuerdos concretos 

En la reunión también se adoptaron algunos acuerdos concretos con los que el CGPJ y el Gobierno esperan avanzar en el camino que evite una huelga de jueces el próximo 26 de junio. Así, Bravo anunció que el próximo día 30 el CGPJ aprobará un nuevo sistema de medición de esfuerzos, "instrumento esencial para redefinir la planta judicial y el número de órganos judiciales y jueces que se necesitan". Posteriormente, Pérez admitió que la información actual sobre la carga de trabajo del poder judicial "es insuficiente".

También anunciaron la creación de una figura llamada "jueces volante". Según explicó Pérez, "son la respuesta a la existencia de un número de vacantes permanente", que obligan a "generar sistemas que permitan cubrir esas plazas con jueces titulares". El secretario de Estado de Justicia también anunció la voluntad del Ministerio de suprimir el traslado forzoso por ascenso, otra de las reivindicaciones "históricas" de los jueces.

En cuanto a la ausencia del ministro de Justicia en la reunión, Bravo expresó que esta semana esta prevista una visita de Bermejo al CGPJ "para escenificar el compromiso consensuado entre el Ministerio y el Consejo respecto a la reivindicaciones de la carrera". "El hecho de que no esté el ministro no resta importancia a la reunión", aseguró.

La sombra del caso "Mari Luz"

Y es que el ministro estuvo en Antena 3 donde volvió a cargar contra los jueces a los que advirtió que, en caso de huelga, ellos serán "los mayores perjudicados". "Espero que no vayan a la huelga, porque el poder judicial de un país no puede emitir esas señales a la ciudadanía. No creo que el ciudadano se acabe de creer que los jueces puedan renunciar a ejercer la gran responsabilidad de han depositado en ellos", afirmó Bermejo que en declaraciones al programa Espejo Público, calificó de "deplorable" que los jueces se instalen en ese modo de protesta que tildó de "órdago al Estado".

Además, Bermejo se peguntó por qué llega ahora las reivindicaciones de los jueces ya que "en términos relativos no hay más atasco judicial que hace décadas" y su respuesta es clara: "el caso Mari Luz". Según el ministro los jueces no han sabido digerir que el Gobierno pidiera una sanción más dura para el juez Tirado por no ejecutar la sentencia que pesaba sobre el asesino confeso de la niña, y ahora responden amenazando con la huelga. En este punto quiso dejar claro que "nadie" puede evitar que se pueda hacer una crítica a las resoluciones del CGPJ ya que, aseguró, "todos estamos sometidos a la crítica más aguda y esa es la esencia de la democracia".

Y mientras el Gobierno intenta capear el temporal y evitar que los jueces vayan a la huelga, el PP quiere abrir un nuevo frente y avisa que el Pacto de Justicia suscrito antes parón veraniego entre Zapatero y Rajoy se tambalea. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció que los populares quieren celebrar una reunión de la comisión de seguimiento del Pacto de Justicia porque "la mayoría de las demandas de los jueces están contenidas" en ese pacto. "Queremos saber si el Gobierno va a cumplir con lo que prometió o una vez más va a incumplir lo que incluso firmó", sentenció.

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