El Gobierno busca acabar con los desequilibrios territoriales en la financiación

Uno de los objetivos del Gobierno con el nuevo sistema de financiación que concretará la próxima semana es limar las diferencias en los euros que recibe cada habitante en función de la comunidad en que resida. El modelo, en teoría, debe ser equitativo y los ciudadanos tienen derecho a percibir los mismos recursos con independencia de la autonomía en que vivan. Pero no es así. El sistema es el mismo para extremeños y baleares, pero los primeros tienen una financiación per cápita de 2.642 euros y los segundos, 1.778. ¿Por qué? Por los mecanismos correctores y de nivelación del modelo aprobado en 2001, que prima a los territorios menos poblados y de menor pujanza económica, y penaliza a los de mayor demografía y mayor dinamismo fiscal.

El Ejecutivo quiere acabar con la 'lotería' de las comunidades favorecidas y desfavorecidas por un determinado sistema de financiación. En palabras de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el objetivo es que «un ciudadano que viva en el norte, sur, este u oeste» tenga las mismas oportunidades de financiación y disfrute de «igual nivel de bienestar viva donde viva». Esta reflexión explica la proliferación de fondos, hasta cinco, que se manejan en la propuesta gubernamental.

La idea es que estos recursos, algunos ya incluidos en anteriores sistemas y otros de nuevo cuño, equilibren el modelo. Es el caso, por ejemplo, del nuevo fondo de competitividad, destinado a las comunidades que tengan una financiación per cápita inferior a la media nacional o a su capacidad fiscal. Es decir, que compensará a las autonomías ricas, las que más aportan a los fondos y menos se benefician de ellos. El también nuevo fondo de impulso a la población es otra muestra de las intenciones gubernamentales pues pretende incentivar los aumentos demográficos en territorios que han perdido habitantes o crecen por debajo de la media.

Un vistazo a la última liquidación de la financiación, la correspondiente a 2006, dibuja un mapa muy evidente de los desequilibrios. Las comunidades con más euros por habitante no son las más ricas, y las que tienen menos euros per cápita tampoco son las más pobres. En la cabeza de la lista figuran Extremadura, con 2.642 euros por habitante, Cantabria, 2.589, y La Rioja, 2.583; las tres bastante por encima de la media de las comunidades con régimen de financiación común, que en 2006 se situó en 2.226 euros por cabeza. En la cola de la clasificación aparecen Baleares, con 1.778 euros, Comunidad Valenciana, 2.045, Canarias, 2.050; Madrid, 2.094, Murcia, 2.122 y Cataluña, 2.143.

Población

Esta situación es fruto, entre otros factores, de que el sistema en vigor no reconoce los aumentos de población desde su entrada en vigor. Las seis comunidades con menor financiación por habitante son las que han tenido mayor incremento de población entre el censo de 2001, con el que se negoció el sistema vigente, y el de 2008, que es el de referencia para el que está en plena negociación. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, por citar los casos más significativos, tienen casi un millón de personas más que hace ocho años, una consecuencia de los flujos migratorios.

La participación en los recursos tampoco es homogénea.Castilla y León, con el 6,4% de la población total de las comunidades que se rigen por el modelo general de financiación, se benefició en el año de entrada en vigor del sistema del 7,5% del dinero; Galicia, con el 7,05% de la población recibió el 7,9% de los recursos; o Extremadura, con el 2,7% de los habitantes ingresó el 3,4%. En el otro extremo se situaron Madrid, que aglutina el 14,2% de la población y se benefició del 12,1% de los fondos; la Comunidad Valenciana, con el 10,9% de la población percibió el 10,2% de los recursos; y Cataluña, con 16,6% de los ciudadanos recibió el 16,2%.

Estos desequilibrios son la raíz de los agravios comparativos que han surgido en la negociación del futuro modelo. Las autonomías beneficiadas, como es lógico, no quieren que su situación varíe, y las perjudicadas han hecho bandera del reconocimiento de los aumentos de población, y exigen que este factor, que ya es el que más pondera en el reparto de los recursos, pese aún más, hasta un 95% exige la Generalitat de Cataluña.