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JUSTICIA

El Gobierno aumenta un 30% los fondos para modernizar la Justicia

El anuncio del Gobierno de incrementar un 30% los fondos para modernizar la administración de Justicia no logró desactivar las medidas de protesta de los jueces. Tras más de seis horas de reunión entre el ministro Mariano Fernández Bermejo, miembros de su equipo y los representantes de las asociaciones judiciales, las espadas siguen en alto, pese a las buenas palabras y el ambiente «constructivo» que dejó el encuentro.

Fue una primera toma de contacto en la que se debatieron todas las reivindicaciones de la judicatura, que se llevó debajo del brazo mejoras sustanciales en nuevas tecnologías y un calendario cerrado para su aplicación. En cambio, las discrepancias siguen vigentes en cuanto a la agenda de señalamiento de las vistas, cuya competencia los jueces no quieren perder porque suponen el motor del trabajo de los juzgados y tribunales.

La reunión estuvo marcado por las medidas para modernización el funcionamiento de la administración de Justicia. Fue lo que más tiempo consumió de la jornada negociadora de hoy y donde se produjeron algunos avances significativos. Los 20 millones de euros añadidos al presupuesto inicial dedicado a nuevas tecnologías, 72 millones, fue la principal novedad presentada por Fernández Bermejo, para el que supone un esfuerzo económico «importantísimo» en un contexto de crisis.

El ministro destacó que con este fondo se permitirán acortar los tiempos para informatizar el trabajo de los funcionarios de justicia y puso una fecha, 31 de diciembre de 2009, para que todos los juzgados y tribunales dispongan de un sistema de comunicación telemático, conocido como 'LexNet'.

Para su implantación tiene prevista una partida de 5 millones de euros y trabajar codo con codo con las comunidades autónomas para que todos los empleados de la justicia conozcan su funcionamiento.

A más largo alcance también se incluirá el desarrollo en todo el país del sistema de gestión procesal Minerva, que ya se aplica como experiencia piloto en Murcia.

En 2010, confirmó Fernández Bermejo, se producirán una revisión en profundidad de la actual planta judicial. Para ello garantizó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto antes elaborar un informe que establezca la carga de trabajo de cada órgano judicial.

El ministro asumió otros compromisos ya sabidos, como suprimir el traslado forzoso cuando un juez pasa a ser magistrado, a los tres años de carrera; arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares, la formación continua de todo el personal de la administración de Justicia o mantener la «cadencia» en la creación de nuevas plazas de jueces (150 este año) para mejorar el ratio de 10,2 por cada 100.000 habitantes, uno de los más bajos de la Unión Europea.

Agenda de señalamientos

Donde no hubo acuerdo, pero si consenso para dejarlo aparcado, fue el asunto de la mejora de la retribución de los jueces. En cambio, la distancias «siguen siendo siderales» en la competencia de la agenda de señalamientos de los juicios, que con la reforma que impulsa el Gobierno recaerá en los secretarios judiciales.

Fernández Bermejo reconoció las diferencias, pero admitió que su posición «no es dogma de fe» y emplazó a las asociaciones a debatirlo en el Parlamento, en donde se encuentra la reforma procesal en la actualidad.

Para el ministro, las «divergencias con la mayoría de la carrera judicial no son esenciales», y reiteró que el «único» interlocutor válido son las asociaciones judiciales y no el 18% de la judicatura que ha decidido convocar huelga para el próximo 18 de febrero.

Enfrente, los colectivos profesionales vieron la botella medio vacía, y valoraron la disposición del ministerio, pero «no con la intensidad» con la que les hubiera gustado.

«La cuestión no está resuelta pero seguimos con la mano tendida», señaló el magistrado Antonio García, portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM). Tanto la APM como los representantes de Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y Foro Judicial Independiente esperan analizar «en profundidad» durante los próximos días los acuerdos con el ministerio. Aunque de momento confirmaron que las medidas de protestas siguen vigentes.

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