El Gobierno aprueba el proyecto de la Ley de Ciencia

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que comenzó a redactarse en 2008 y que sustituirá a la norma vigente desde 1986. Ahora, el documento se remitirá al Congreso e iniciará así el trámite parlamentario. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó tras el Consejo de Ministros que, con esta nueva regulación, España, “la novena potencia”, se va a consolidar “entre los países con más producción científica del mundo” y aumentará “la capacidad para transformar el conocimiento y a la innovación”.

La titular de Ciencia, Cristina Garmendia -ausente en la rueda de prensa al estar preparando la reunión del Eurogrupo-, encargó hace casi dos años a un grupo de expertos una primera redacción del texto que fue consultada con la comunidad científica y los partidos en diversas rondas de negociación.

De la Vega explicó que la ley “apuesta por la cooperación”. Así, pretende adaptar el sistema de ciencia y tecnología a las circunstancias actuales de España, que cuenta con un mayor volumen de investigadores -seis veces más que en 1986-, y de fondos dedicados a la I+D+i -14 veces más-.

En concreto, la futura normativa contempla una serie de cambios en la carrera científica, diseñada en base a méritos y de carácter “estable y previsible”, según Ciencia, para retener y atraer talento científico, por lo que contempla un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que incorporarse al sistema público de I+D.

Además, recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado y reconoce específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los organismos públicos de investigación (OPI) de la administración del Estado.

Por otro lado, De la Vega destacó que la nueva legislación facilitará la creación de un sistema de I+D “más eficiente y eficaz” con la creación de una agencia de financiación, que dotará de “mayor autonomía y agilidad a la actividad científica y, al mismo tiempo, garantizará el control sobre la gestión de los fondos públicos”.

Además, entre otras novedades, está prevista la creación del Comité de Ética de la Investigación, un órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y de los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas.