El Gobierno ha informado este lunes de que ha realizado "prospecciones" en las criptas y osarios del Valle de los Caídos, entre los meses de mayo y septiembre, como parte de un estudio sobre su estado de conservación, y ha puntualizado que en ningún momento se ha llevado a cabo "ninguna exhumación ni traslado". El Ejecutivo ha reaccionado así tras las informaciones aparecidas en la revista 'Interviú' en las que se declaraba que un equipo de forenses había entrado por primera vez y en "secreto", el pasado 6 de septiembre, en las tumbas para exhumar los restos delante de las familias que lo habían solicitado. Según esta revista, el Gobierno decretó que el estado de los osarios era "inviable" y, por tanto, imposible su identificación.

En un comunicado del Ministererio de la Presidencia, el departamento que dirige María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que "los estudios forenses aún no han concluido" y que, cuando llegue ese momento, se "harán públicas las conclusiones" y las dará a los grupos parlamentarios, asociaciones y familiares interesados en el asunto. El fin de los estudios es "comprobar el estado de los restos y la viabilidad de las exhumaciones" solicitadas por las familias de las víctimas del franquismo enterradas allí.

Presidencia ha señalado que este examen forense se ha emprendido "dentro de un procedimiento administrativo" en el marco de las competencias de Patrimonio Nacional, "que tiene la responsabilidad del mantenimiento y conservación del Valle de los Caídos", y ha añadido que tal procedimiento es público y que la comunidad benedictina que vive en el complejo está informada.

Por el momento, el Gobierno ha comunicado a las familias que solicitaron subvenciones para la exhumación de los restos que el monumento no está en condiciones de dar entrada allí a particulares, ya que hace falta un trabajo previo documental y forense. "Hay que compilar y examinar los documentos de la época y determinar la distribución de los restos", añade el Ejecutivo.

Todo ello se enmarca en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, una de las prioridades en las subvenciones, y al mandato parlamentario de la Comisión Constitucional del Congreso que, el 30 de septiembre de 2009, aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar un censo de personas enterradas en el Valle de los Caídos y a facilitar las exhumaciones y "agilizar el traslado de los restos mortales. También con ese fin, Patrimonio Nacional y la Oficina de Víctimas del Ministerio de Justicia firmaron hace un año un acuerdo para digitalizar las fuentes documentales de los restos inhumados en el Valle de los Caídos.

"Sin orden judicial"

Otra versión de los hechos es la que sostiene un reportaje de la revista 'Interviú' esta semana, pues en éste se afirma que no hubo ni una orden judicial ni un mandato por parte de un juzgado que amparase las actuaciones del Gobierno en el Valle de los Caídos. En la revista ha aparecido que las familias estuvieron presentes en la exhumación de los restos, pero que el Gobierno les comunicó que no podían hacer pública su visita, y que ni siquiera los monjes benedictinos fueron informados de que el osario iba a ser abierto.

En la misma publicación, se ha mantenido que una vez la vía judicial se estancó, las familias acudieron al Ministerio de la Presidencia para presentar un proyecto para recuperar los cuerpos. Pero el Gobierno hizo público el 16 de septiembre, cuando llevaba más de una semana buscando en los osarios, que no accedería a la exhumación.

El semanario ha informado de que los expertos comprobaron que los cofres se han podrido por la humedad y que es, prácticamente, imposible retirar un cuerpo determinado y que los restos están mezclados. También ha resaltado, que la bandera de España dibujada en los frescos de la cúpula está tapada por una tabla de madera, pues la Ley de Memoria Histórica prohíbe la exhibición de símbolos predemocráticos.

"Total falta de trasparencia"

La voz del presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, no se ha hecho esperar y ha criticado este lunes la total falta de transparencia del Gobierno sobre la apertura de las criptas y ha pedido "luz y taquígrafos" sobre este tema.

Silva ha afirmado que no entiende el "secretismo" o la "opacidad" del Gobierno ya que considera totalmente inadecuado el comportamiento de la Administración Pública.

Por su parte, la secretaria de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, Dolores Cabra, ha manifestado su desacuerdo con cualquier desenterramiento sin la presencia de un juez. Además, dijo que su asociación rechaza las subvenciones del Gobierno para llevar a cabo las exhumaciones mientras no se reconozca a las víctimas del Franquismo.