El Gobierno se ha mostrado receptivo a las críticas formuladas a la politización del Consejo General del Poder Judicial que echará a andar la próxima semana. El ministro de Justicia admitió que hubiera preferido un mayor «pluralismo» en el órgano de gobierno de los jueces, y se comprometió a dar «una vuelta profunda» a su regulación. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, aunque pidió «un margen de confianza» para los nuevos vocales, consideró que se pueden introducir «mejoras» en el sistema de elección y recordó que en esta legislatura hay que hacer cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Moncloa ha tomado nota de los reproches ante el hecho de que ninguno de los doce jueces que formarán parte del consejo sea independiente en el sentido de no militar en organización gremial alguna: seis de los candidatos pertenecen a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, cuatro a la progresista Jueces por la Democracia y dos a la minoritaria Asociación Francisco de Vitoria, con el agravante de que ninguno de los elegidos en las votaciones internas de los jueces ha sido tomado en cuenta.

Tampoco ha pasado desapercibido que los ocho juristas que también integrarán el organismo tienen una indudable identificación con los partidos mayoritarios y el nacionalismo vasco y catalán. La radiografía del mundo judicial y del derecho, sin embargo, está alejada de esa selección ya que la mayoría de los miembros la carrera judicial no está asociada y sólo una minoría de los abogados y catedráticos tienen vinculación pública con formaciones políticas.

Estos hechos, sumados al malestar social generado por la actuación corporativista de la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial con el juez Rafael Tirado, ha llevado al Gobierno a abrir una reflexión sobre el método de elección de los vocales de la institución. El primero en abrir el fuego fue el ministro de Justicia, Mariano Fernández-Bermejo, quien se mostró en desacuerdo con que los jueces que componen el Consejo sean sólo los propuestos por las organizaciones profesionales. Es necesario, dijo en Radio Nacional, ampliar «el cupo de personas que se pueden proponer» para que haya «más pluralismo».

Consideró que el Parlamento debería «tener más oferta» de magistrados y juristas para poder elegir, y se comprometió a hacer una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para ver «qué piensan» sobre la posibilidad de cambiar la fórmula de elección de vocales. El ministro obvió que los nombres que tendrá que votar la próxima semana el pleno del Congreso y del Senado fueron pactados por PSOE y PP, y que él mismo participó en las negociaciones para llegar al acuerdo.