Piden 23 años de cárcel por la muerte de Mari Luz

El asesino de la niña Mari Luz Cortes, Santiago del Valle, se enfrenta a una petición fiscal de 20 años de cárcel por la muerte de la pequeña y otros tres años por un delito de abusos sexuales.

El Ministerio Público pide además otros 17 años de prisión para su hermana, Rosa del Valle, y reclama además el destierro de Huelva de ambos. El padre de la niña, Juan José Cortés, considera que es "insuficiente" para "toda una vida" sin su hija, y señala que esta petición demuestra "la necesidad de una reforma del Código Penal".

Mari Luz Cortés desapareció de su casa en la barriada el Torrejón de Huelva el 13 de enero de 2008, tras despedirse de su madre para ir a comprar chucherías a un quiosco cercano. Después de intensas búsquedas, su cadáver apareció en la ría de Huelva 54 días después.

Todas las sospechas recayeron en un vecino con antecedentes por abusos sexuales, Santiago del Valle, que fue detenido el 25 de marzo en una parada de autobuses de Cuenca cuando trataba de huir. Se supo entonces que el presunto agresor debería haber estado cumpliendo condena de cárcel por un delito de abusos a una niña de nueve años, pero el fallo no había sido ejecutado debido a que no constaba una sentencia que tenía pendiente por agresión sexual contra su propia hija de cinco años.

En su escrito de acusación, hecho público ayer, el fiscal considera a Del Valle autor de un delito de asesinato y otro de abusos sexuales, por lo que le pide 23 años de cárcel, mientras que pide otros 17 años para su hermana Rosa, considerada cómplice dado que supuestamente condujo el coche en el que se trasladó el cuerpo de la niña. La esposa del pederasta, Isabel García, que fue acusada en un primer momento de encubrimiento, quedó excluida del caso.

El Ministerio Público añade además la prohibición de que los hermanos Del Valle residan en Huelva y de aproximarse o comunicarse por cualquier medio con los familiares de la víctima durante 33 años. Asimismo, establece una indemnización conjunta y solidaria para los padres de la pequeña, Juan José Cortés e Irene Suárez, de 122.000 euros, y otros 22.000 euros para cada uno de los hermanos de la niña. A esto se suma otra indemnización en concepto de "daño moral añadido" de 19.000 euros por cada uno de los 54 días que la pequeña permaneció desaparecida.