El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, tiene previsto pedir a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que suspenda la ejecución de la condena de tres años de cárcel que este tribunal impuso al general Vicente Navarro por falsear la identidad de 30 de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yak-42, a causa de su delicado estado de salud.

Así lo indicaron fuentes fiscales, que señalaron que Burgos presentará la próxima semana al tribunal un informe en el que se manifiesta a favor de que se paralice el ingreso en prisión tanto del general Navarro como de sus subordinados José Ramírez y Miguel Sáez, que fueron condenados a un año y medio de cárcel y carecen de antecedentes penales.

El representante del Ministerio Público tiene previsto informar al tribunal sentenciador la próxima semana, una vez que reciba un examen forense en el que se recoge que el general Navarro sufre una grave enfermedad y otro que acredita que los condenados han depositado los 300.000 euros que la sentencia les obligó a satisfacer en concepto de indemnizaciones y responsabilidad civil.

La defensa del general Navarro, que cumplirá 69 años el próximo día 18 de mayo, dirigió un escrito al tribunal, encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, para que suspendiera la condena después de que el 17 de marzo adquiriera firmeza, al ser confirmada en todos sus extremos por el Tribunal Supremo, que constató la "mendacidad" y "lo aleatorio" de las identificaciones.

En este mismo sentido se manifestó el abogado del comandante José Ramírez y del capitán Miguel Sáez, que alegó que las condenas impuestas a sus defendidos son inferiores a dos años de cárcel y que ninguno de los dos tiene antecedentes penales, por lo que no debería ejecutarse su ingreso en prisión.

Indemnización a las familias

La Audiencia Nacional condenó el 19 de mayo de 2009 al general Navarro a tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial. De igual modo, le impuso el pago de una multa de 1.800 euros y una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias de los fallecidos en concepto de responsabilidad civil.

El tribunal también condenó como cómplices de este delito al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, a los que impuso las penas de un año y medio de cárcel y el abono de una multa de 900 euros. El accidente del Yak-42, que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), es la mayor catástrofe que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.