El Estado ha abonado a las víctimas del terrorismo un total de 413 millones de euros en indemnizaciones, ayudas, subvenciones y pagos de la responsabilidad civil fijadas en sentencia desde el año 2004, cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo en Madrid, en los que fueron asesinadas 191 personas.

Así consta en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior correspondiente a 2010, que desglosa por conceptos las cantidades percibidas por las víctimas del terrorismo y sus familias durante los últimos siete años.

En indemnizaciones ordinarias por fallecimiento, fijadas por la Ley de Víctimas del Terrorismo de 1999, el Estado ha abonado un total de 20,5 millones de euros, de los que más de 17 millones corresponden al año 2004.

Cantidad similar -20,1 millones- se ha pagado en concepto de lesiones y 9,2 millones de euros por daños materiales.

El presupuesto destinado a las asociaciones de víctimas del terrorismo y en otros conceptos no indemnizatorios ha superado los 7,8 millones de euros desde el año 2004.

El Estado también se hace cargo del abono anticipado según baremo de las indemnizaciones por responsabilidad civil antes de la sentencia judicial y también una vez dictada ésta, que en ese periodo superaron los 355 millones de euros por todos los supuestos: muerte, lesiones y secuestro.

Por fallecimiento, el monto de las indemnizaciones anticipadas por el Estado supera los 35 millones de euros, siendo de nuevo el año 2004, con 27,9 millones, el de mayor esfuerzo presupuestario.

Le sigue 2008, con 2,2 millones de euros, y 2005, con 1,5 millones en indemnizaciones por muerte.

En el concepto de lesiones, la cifra alcanza los 19 millones de euros y por secuestro, 521.000 euros.

Víctimas del 11-M

En cuanto a las indemnizaciones que abona el Estado una vez dictada la sentencia por el atentado, destacan los 154 millones pagados por fallecimiento y los 147 millones por lesiones.

En su mayoría, estos pagos se concentran en los años 2008 y 2009, cuando se abonaron la mayoría de las indemnizaciones para las víctimas de los atentados del 11-M fijadas en la sentencia de la Audiencia Nacional del 31 de octubre de 2007.

Asimismo, desde el año 2006 el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un programa de localización de aquellas víctimas del terrorismo que, pese a tener derecho a una indemnización por sentencia penal firme, no han sido localizadas.

Hasta el momento, las indemnizaciones pagadas dentro de este programa ascienden a 448.000 euros.

En el año 2010 se tramitaron veinte expedientes por este concepto por un importe de 28.000 euros.