El PP y el PSOE taponan los atajos de Batasuna para estar en las elecciones

El Gobierno va a enviar esta semana un claro mensaje a ETA y a su entorno político. No solo ignorará los cantos de sirena de Batasuna, que con su supuesto alejamiento de la estrategia terrorista busca un hueco en las elecciones, sino que pone en marcha una profunda reforma de la Ley Electoral para impedir que el brazo político de la banda criminal encuentre en el futuro un solo resquicio por el que colarse en las instituciones nacionales y europeas.

El PP y el PSOE registrarán hoy en el Congreso una proposición de ley, que quieren tener aprobada antes de final de año, que tapona todos los atajos utilizados por Batasuna y su mundo en los últimos nueve años para colarse en las instituciones. Tiene como primer objetivo que las estructuras políticas de ETA no cuenten con candidaturas ni sienten a un solo representante en las instituciones del País Vasco y Navarra en las elecciones locales de mayo de 2011.

El texto, negociado durante meses por los dos partidos mayoritarios y bendecido por los Ministerios de Justicia e Interior, introduce en sus diez folios cambios de calado en la Ley Electoral que harán imposibles trucos como los usados por Batasuna para lograr en 2005 siete escaños en la cámara de Vitoria con la pantalla de las siglas legales PCTV, 42 alcaldías y 430 concejales en 2007 en el País Vasco y Navarra a través del partido a ANV (luego ilegalizado), y que su papeleta entrase en las urnas de las Europeas de 2009 con Iniciativa Internacionalista.

Varias reformas

La proposición de ley, que ha tenido como negociadores principales al socialista José María Benegas y al popular José Antonio Bermúdez de Castro, comienza por cerrar con dos fórmulas la posibilidad de que EA u otros partidos legales escondan a los candidatos de Batasuna en sus listas. En primer lugar amplía a los partidos, federaciones y coaliciones el ámbito del recurso de exclusión electoral que podrán presentar la Abogacía del Estado y la Fiscalía ante el Tribunal Supremo. Y en segundo, permite impugnar candidaturas aisladas de estos partidos o coaliciones siempre que traten de suceder a Batasuna o a cualquier otro partido ilegalizado por trabajar al servicio de ETA sin tener que abordar de forma previa la proscripción de la formación legal que las alberga.

El tercer cambio es fundamental. Las dos acusaciones públicas podrán recurrir las listas sospechosas por primera vez con la campaña electoral comenzada -en la primera semana- y el Tribunal Constitucional tendrá plazo para resolver sobre la exclusión definitiva de las listas hasta el comienzo de la jornada de reflexión.

La cuarta novedad prevé que Fiscalía y Abogacía del Estado, entre la noche de los comicios y la fecha en la que la Junta Electoral valida los candidatos electos, puedan reclamar al Supremo la suspensión cautelar de la proclamación de los electos que vayan en las listas de partidos contra los que en un plazo de 15 días vaya a iniciar un proceso de ilegalización, por haber encontrado pruebas contra ellos concluido ya el proceso electoral.

La quinta reforma introduce una nueva causa de "incompatibilidad sobrevenida" para los candidatos electos. Los concejales, junteros o parlamentarios elegidos en las listas de un partido que tras las elecciones ha sido ilegalizado "por sentencia firme" deberán elegir entre renunciar a su acta o formular ante la Junta Electoral Central, de forma "voluntaria, expresa e indubitada", una declaración de "separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad del partido" con el que concurrió a los comicios, que fundamentalmente será el repudio público a la violencia terrorista.

Para evitar trucos con la declaración de rechazo a la violencia, si tras su manifestación pública y durante su permanencia en la institución "se retractase, por cualquier medio, o mostrase contradicción, a través de hechos, omisiones o manifestaciones", se reactivará el proceso legal para su expulsión definitiva del cargo.