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VIOLENCIA ADOLESCENTE

El Defensor del Pueblo culpa a la falta de autoridad de los padres y al botellón de los episodios de violencia

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, atribuyó comportamientos como el botellón y episodios derivados del mismo como lo ocurrido en Pozuelo de Alarcón (Madrid) a la falta de autoridad tanto por parte de los padres como de los profesores. El comportamiento violento de doscientos jóvenes el pasado domingo en la localidad madrileña, enfrentándose a la policía con piedras y botellas, quemando un coche policial, y con un intento de asalto a una comisaría incluido son fruto, a su juicio, de una pérdida de valores sociales y de la confusión sobre los límites de la libertad.

Múgica presentó este jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados el informe de gestión de su institución en 2008. Entre las quejas recibidas, recordó, varias debidas a los botellones juveniles que siguen celebrándose en muchos puntos del país pese a la prohibición legal vigente. A partir de esos datos, el Defensor del Pueblo considera que "todos somos culpables" de altercados como los de Pozuelo; desde los mismos jóvenes implicados en la pelea hasta las familias, y, en menor medida, también los profesores, aunque con distinto grado de responsabilidad. "Algunos serán más culpables que otros", subrayó. Según Múgica, este episodio "ha de ser estudiado con rigor" pero se debe sobre todo al "desbordamiento de actitudes irracionales" por la pérdida de autoridad y de valores de la sociedad". Según dijo el Defensor del Pueblo, la sociedad democrática actual tiene todavía pendiente "aprender la diferencia entre libertinaje y libertad".

La familia se supone que es el lugar donde los jóvenes adquieren los valores más importantes, y el Defensor del Pueblo cargó a los padres con la mayor parte de la responsabilidad por la mala educación de los adolescentes de hoy, sean mayores o menores de edad. Y también los propios jóvenes implicados en los disturbios han de asumir su culpabilidad, porque "deberían tener la racionalidad suficiente para saber divertirse sin molestar y menos atacar a los demás", destacó.

Al profesorado le cabe, a su juicio, una responsabilidad secundaria ya que su trabajo está condicionado al de los padres de los alumnos. "Es difícil que los maestros hagan bien su trabajo si no se ven amparados por el respeto de los padres", resaltó Múgica, quien también admitió que "el trabajo del profesor es difícil y no recibe la consideración que debería". Antes, "cuando los padres recibían una carta del colegio alertando de que el comportamiento de su hijo había sido malo y debían modificarlo, los progenitores lo aceptaban y trataban de remediarlo". Ahora las cosas han cambiado tanto que "creen que el profesor es el culpable de lo que hace el alumno". Por su parte, los docentes debieran intentar mantener cierta distancia respecto de los alumnos y evitar el 'colegueo' con los jóvenes. "Los alumnos deberían tratar de usted a sus maestros en vez de tutearles", ya que para el Defensor del Pueblo "el tuteo a los educadores es la introducción a una falta de respeto", subrayó. Sin volver al autoritarismo del ordeno y mando, sí sería necesario "imponer una disciplina" porque los profesores "han de mantener la autoridad en las clases".

Diálogo nacional

En todo caso, el problema que subyace tras el botellón y confrontaciones como las de Pozuelo es serio y tiene tantas implicaciones sociales que requiere un "gran diálogo nacional" en las Cortes donde estén presentes todos los sectores relacionados con la educación, para ver -dijo Múgica- "dónde vamos a llegar".

Según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), un tercio de los padres españoles con hijos adolescentes siente que no los educa bien y casi el 40 por ciento admite no manejar bien los conflictos de convivencia con los chavales. Dos de cada tres familias reclaman más implicación de los educadores en esta ardua tarea. La FAD presentó este jueves '¿Qué les digo?' (Temas de Hoy), un manual de ayuda para padres sobre cómo escuchar y hablar de drogas con sus hijos.

Por su parte, los siete menores de edad detenidos por la 'batalla de Pozuelo' han sido castigados por la juez encargada del caso a un período de tres meses sin salir de marcha a partir de las diez de la noche. Sus padres y abogados han anunciado que recurrirán la medida. El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, pide a las familias que acepten esa sanción "razonable" con "deportividad".

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