El Constitucional suspende de forma cautelar la ley de consultas de Cataluña

El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la ley de consultas que el Parlamento catalán aprobó en marzo del año pasado. La iniciativa ahora en suspenso permite a las instituciones autonómicas la regulación, convocatoria y organización de referéndum sobre «cuestiones de especial trascendencia política» en su territorio con el único trámite externo de lograr la autorización del Gobierno central.

La paralización provisional es la consecuencia directa de la admisión a trámite por parte del tribunal del recurso de inconstitucionalidad presentado en diciembre por José Luis Rodríguez Zapatero contra 34 artículos del texto. La impugnación del Gobierno considera que la disposición catalana, aprobada con los votos del PSC, ERC y de Iniciativa por Cataluña (ICV), es inconstitucional porque invade la competencia exclusiva del Estado para convocar referéndum, máxime cuando el estatuto autonómico solo autoriza las simples consultas populares sin valor legal, según aclaró la sentencia del propio Constitucional que en julio pasado revisó la legalidad del 'Estatut'. CiU, el actual partido de gobierno en Cataluña, no apoyó en su momento la norma porque la consideró demasiado blanda.

El Ejecutivo cree que la iniciativa, que establece el régimen jurídico, el procedimiento, la aplicación y la convocatoria de estos referendos, hace sinónimos consulta popular y referéndum. La ley suspendida indica que tienen legitimidad para convocar referendos la Generalitat, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros del Parlamento autonómico, el 10% de los municipios de la comunidad -con un mínimo de 500.000 habitantes- o el 3% de la población censada y mayor de edad mediante una recogida de firmas.

El Gobierno central impugnó la norma al límite del plazo legal y de tapadillo. Rodríguez Zapatero no tomó la decisión sobre un tema tan sensible hasta que pasaron las elecciones catalanas de noviembre y Artur Mas fue investido presidente de la Generalitat. Lo hizo sin meter ruido, en un momento que ya negociaba con los convergentes apoyos puntuales en Cataluña a cambio de su colaboración para aprobar en Madrid la mayor parte de las reformas económicas y estructurales que impulsa el Ejecutivo, incluida la de las pensiones.

Consultas soberanistas

El tribunal ha remitido la documentación al Congreso, al Senado y a la Generalitat y el Parlamento catalanes y les ha dado un plazo de 15 días para que indiquen si se personan en el proceso y para que presenten alegaciones. La suspensión cautelar tiene una vigencia de cinco meses, tras los que se dicta sentencia, se prorroga la medida o se acuerda su levantamiento.

Ayer, la Generalitat ya afirmó que acata la decisión del Tribunal Constitucional, si bien alertó que nada impedirá que en el futuro Cataluña pueda ejercer su derecho a decidir. El consejero del Interior, Felip Puig, mostró su respeto legal aunque no político hacia el alto tribunal. «El Constitucional puede tener razón, hay que acatar y respetar la justicia, pero el día que este país quiera ponerse en marcha, el tribunal no nos parará», advirtió.

Fuentes de CiU consideraron que la decisión de la corte supondrá un «debilitamiento de la democracia». Desde la federación nacionalista, no obstante, no cargaron las tintas ya que la ley de consultas no es suya, sino del anterior Gobierno tripartito.

ERC, principal impulsor de la iniciativa, dijo ayer, en boca de su secretario general, que no se puede ir en contra de un derecho democrático básico. «Es incomprensible que se paralice una ley que consagra el principio democrático de que cualquier ciudadano pueda decidir sobre cuestiones que afectan a su día a día», aseguró Joan Ridao. Desde ICV se expresaron en términos similares.