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POLÍTICA

El TC revisará más aspectos del 'Estatut'

Los recursos de los gobiernos de Aragón, La Rioja, Murcia, Valencia y Baleares podrían retrasarse algún tiempo.

José Montilla, presidente de la Generalitat, en una rueda de prensa el pasado mes de abril.
El TC revisará más aspectos del 'Estatut'
ALBERTO ESTéVEZ/EFE

La sentencia que resuelve el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña despejará la mayor parte de las dudas sobre la constitucionalidad del texto catalán, pero no agota el debate. El Tribunal Constitucional tiene todavía pendiente de fallo y redacción otras seis resoluciones sobre el 'Estatut' presentadas por el Defensor del Pueblo y los ejecutivos autonómicos de Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia y Baleares, que revisarán y quizás limitarán otros aspectos de la norma catalana que no fueron analizados por la corte en el proceso promovido por el PP porque no los recurrió.

El tribunal ya tiene deliberados los aspectos del documento impugnados en los siete recursos, porque el debate sobre la constitucionalidad de los puntos controvertidos del Estatuto se abordó durante dos años y medio en su conjunto, pero el dato sobre si habrá nuevos artículos o disposiciones del texto anulados o limitados en su desarrollo no se conocerá hasta que se cierre cada uno de los fallos y se den a conocer las sentencias. Este proceso podría completarse entre julio y septiembre.

El ritmo de fallo y resolución de los seis recursos pendientes está condicionado por el momento concreto en que se notifique la sentencia del recurso del PP, en una fecha que a su vez estará marcada por el tiempo que precisen los cuatro magistrados conservadores que se opusieron al grueso del primer fallo del tribunal en tener redactados sus votos particulares discrepantes. El resto de las causas no pueden resolverse antes porque la sentencia promovida por el PP, que anulará partes de 14 artículos y fijará límites para desarrollar otros 27 aspectos del 'Estatut', establecerá en sus casi mil páginas la pauta para resolver el grueso del resto de demandas.

La sentencia que más posibilidades tiene de contener alguna novedad es la correspondiente al recurso del Defensor del Pueblo. No solo porque es la segunda más voluminosa, impugnó 116 artículos y disposiciones del Estatuto catalán, sino porque además puso la lupa de la constitucionalidad sobre una docena de puntos del texto que los letrados del PP no cuestionaron en sus 125 peticiones de nulidad y que no quedan resueltas en el primer fallo.

El tribunal trabaja con la intención de notificar también esta segunda sentencia antes de comenzar sus vacaciones de agosto. El otro aspecto que podría retrasar el fallo de los seis recursos pendientes es que el Senado lograse designar este mismo mes a los cuatro magistrados que están pendientes de renovarse desde diciembre de 2007, lo que obligaría a retomar su deliberación con los nuevos componentes de la corte.

Nuevas competencias

Las peticiones específicas de nulidad del recurso del Defensor del Pueblo se concentran en algunas de las nuevas competencias que el Estatuto catalán reserva a la comunidad y en si pueden ser ejercidas de forma exclusiva o en coordinación con el Estado. Afectan a apartados como la agricultura y ganadería, la caza y la pesca, las cooperativas, los mercados de valores, los centros penitenciarios, la Seguridad Social, la protección de datos de las organizaciones e instituciones catalanas o la vivienda.

Las fuentes consultadas indicaron que aunque el proceso de fallo y redacción de las otras cinco sentencias también será rápido, es casi imposible que estén terminadas este mes, al menos en su totalidad. Los recursos presentados por las comunidades ponen en duda la constitucionalidad de aspectos como la financiación, la gestión del Ebro o el establecimiento de relaciones bilaterales entre Cataluña y el Estado. Varios de estos puntos ya fueron resueltos en el fallo del PP.

Un punto que provocó la impugnación de Aragón, Valencia y Baleares es el relativo a la regulación que el 'Estatut' establece de la gestión del Archivo de la Corona de Aragón, ubicado en Barcelona, pero que según la opinión de todas ellas debe ser administrado de forma conjunta por las cuatro autonomías y por el Gobierno central. Creen que el texto catalán usurpa derechos a las demás administraciones implicadas.

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