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PAÍS VASCO

El Constitucional rechaza que los partidos sean parte del proceso contra la Consulta de Ibarretxe

Critica que la "voluntad extrasistema" de los partidos manifiesta "ignorancia de los mecanismos más elementales del Estado de Derecho".

El Pleno del Tribunal Constitucional denegó hoy la solicitud de los partidos del tripartito vasco (PNV, EA y EB) y Aralar de personarse en el proceso que se sigue en el tribunal sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno y el PP contra la Ley de Consulta del lendakari, Juan José Ibarretxe. En los dos autos, los magistrados critican la "voluntad extrasistema" de la Consulta y de los partidos, a los que acusa de "máxima ignorancia de los mecanismos más elementales del Estado de Derecho" o de "confusión entre los partidos y los órganos de gobierno por ellos gestionados".

Los tres partidos que integran el Gobierno vasco y Aralar presentaron su solicitud en el Tribunal Constitucional el pasado 6 de agosto y expusieron en sus alegaciones que, a su entender, cabía admitir la personación en el recurso de sus formaciones a pesar de ser distintas al órgano legislativo y ejecutivo de Euskadi. Los partidos consideraban que la Consulta se dirige a los ciudadanos de País Vasco y, por tanto, el interés de estos "puede ser encarnado por los partidos políticos en atención a las cualidades de las que se encuentran investidos".

Sin embargo, los once magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional consideran la intención de los partidos como "una manifestación más de la voluntad extrasistema que la Ley impugnada pretende consagrar", en referencia directa a la Consulta. Es más, en dos autos distintos, consideran que su pretensión evidencia "o bien la máxima ignorancia de los mecanismos más elementales del Estado de Derecho, que no es presumible en quienes sostienen a un gobierno democrático, o bien la confusión absoluta entre los partidos y los órganos de gobiernos por ellos gestionados".

El Tribunal Constitucional señala que esa "voluntad extrasistema" queda reflejada en las alegaciones presentadas por los partidos vascos, en las que figuran "constantes referencias a la jurisprudencia europea y constitucional, a una eventual ley singular y a la eventual afectación de minorías". No obstante, advierte que "en ningún caso" la Constitución u otras leyes prevén la personación de los partidos políticos en un proceso de inconstitucionalidad, ya que a pesar de que estos son "un instrumento capital del pluralismo, no son órganos del Estado".

En cualquier caso, impedir su personación "no genera situación alguna de indefensión" de los ciudadanos a los que "afirman representar", pues esa defensa corresponde a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma. Además, indican en los autos que "los partidos políticos no son representantes políticos de los ciudadanos" dado que la representación surge sólo con la elección y se establece entre los representantes elegidos y el cuerpo electoral, por lo que el Parlamento Vasco sí está legitimado para comparecer como ya ha hecho.

Ínfima calidad democrática

Tras conocerse el fallo del Constitucional, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, consideró que un gobierno y un Estado que "permiten que un presidente del Gobierno paralice la decisión de un Parlamento, pero a la vez impide que los partidos que impulsan esa consulta puedan presentarse para defender sus argumentos, es un gobierno y un Estado de ínfima calidad democrática". Y por ello reiteró sus afirmaciones de que "ya ha llegado el momento de que organismos internacionales valoren el bajo nivel y la ínfima calidad democrática" de España.

El secretario de Comunicación de EA, Mikel Irujo, consideró que la decisión del TC "no es más que el reflejo del nerviosismo que cunde en Madrid", al tiempo que lamentó que el TC "se exceda de sus competencias y entre en la valoración política" de un recurso "que tiene todavía entre las manos". El portavoz de presidencia de EB, Mikel Arana, por su parte, calificó la decisión de "un acto de censura" y un "atropello democrático", mientras que el vicecoordinador general de Aralar, Jon Abril, lo consideró una muestra de que "tanto el TC como los poderes españoles van a hacer cualquier cosa para impedir que el pueblo vasco pueda decidir".

Por su parte, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, destacó precisamente el hecho de que el TC denuncia en su resolución "la pretensión" de las formaciones vascas de "retorcer hasta el infinito" la legalidad y su "incompatibilidad" con la jurisprudencia europea. "Las formaciones políticas han sido sometidas al imperio de la ley y también deben respetar las leyes, someterse al dictado de los tribunales como debemos hacer el resto de ciudadanos", añadió.

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