Willy Toledo y el resto de activistas, en libertad

El actor Willy Toledo y los otros cinco activistas prosaharauis que fueron detenidos por alterar el orden en el Congreso de los Diputados han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estas seis personas se han negado a declarar ante los agentes sobre los hechos que se les imputan, y a continuación han quedado en libertad.

A los activistas se les imputa el delito establecido en el artículo 497 del Código Penal, que establece que quienes perturben "gravemente" el orden de las sesiones de una cámara, sin ser miembros de la misma, podrán ser condenados a una pena de entre seis meses y un año de prisión.

El citado precepto señala asimismo que "cuando la perturbación del orden de las sesiones (...) no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses".

Los activistas, dos ellos invitados por Izquierda Unida, han sido desalojados de la tribuna de invitados y trasladados en un furgón policial a la Brigada Provincial de Información, situada en el distrito madrileño de Moratalaz.

Funcionarios de la Policía que se encontraban en la tribuna de invitados cuando se produjeron los hechos escucharon que, además de las proclamas políticas, también gritaron contra los diputados. En concreto, utilizaron la expresión "¡Diputados, chorizos!", han asegurado fuentes parlamentarias.

Los expulsados se habían puesto de pie, brazos en alto, mientras los diputados votaban las enmiendas de resolución a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "¡El Sáhara no se rinde!", "¡Libertad!", "¡España atiende, el Sáhara no se vende!", "¡Sáhara Libre!" o "¡Cuánta hipocresía!", han sido algunos de los gritos que se han escuchado en el hemiciclo.

La votación se ha interrumpido, y el presidente Bono ha ordenado a los servicios de seguridad expulsar de la sala a estas personas y llevarlas a la Comisaría del Congreso por si hubieran cometido alguna "falta o delito".

"Condena" al desalojo

El Pleno del Congreso ha aprobado una moción de IU-ICV en la que se pide al Gobierno "condenar los incidentes violentos" ocurridos durante el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún, aunque sin hacer mención a Marruecos.

La moción también insta al Ejecutivo a "expresar a las autoridades marroquíes su preocupación ante las informaciones sobre violaciones de derechos humanos en el territorio del Sahara Occidental". Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, salvo ERC, que se ha abstenido.

El texto es similar a los aprobados por el Senado el pasado martes y por el Parlamento Europeo la semana pasada, que también recibió el respaldo de todos los grupos políticos, y que Marruecos tildó de "parcial, injusta y precipitada".

El Gobierno ha insistido en que no condenaría a Rabat mientras no haya datos suficientes para saber lo que ocurrió en el desalojo el pasado 8 de noviembre y en los disturbios de los días posteriores. Marruecos niega que hubiera habido torturas y actos represivos contra ciudadanos saharauis, lo que sí avalan organizaciones como Human Right Watch y Amnistía Internacional.

En la moción se reclama que la misión de la ONU en el Sahara Occidental (Minurso) lleve a cabo una investigación independiente para esclarecer los hechos y determinar cuántos muertos y desaparecidos hubo, ante la discordancia entre los datos ofrecidos por Marruecos y por el Frente Polisario.

Se solicita además a Marruecos que permita a los observadores internacionales, a las organizaciones humanitarias y a los periodistas entrar libremente en el territorio y que la Minurso supervise la situación de los derechos humanos. Los grupos comparten que haya una mayor implicación en la búsqueda de una salida al conflicto entre Marruecos y el Polisario después de 35 años de litigio.

Al contrario que en el Senado, la moción del Congreso no habla de la celebración de un referéndum, aunque sí defiende la aplicación del principio de la libre determinación mediante "la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui", de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El texto demanda además al Gobierno "intensificar" las relaciones con el Polisario, "legítimo representante" de los saharauis.

Todos los grupos de la oposición han aprovechado el debate para arremeter contra el Gobierno por su falta de firmeza ante Rabat y dar la espalda al pueblo saharaui tras los incidentes en El Aaiún.