El chivatazo se queda sin secretos

Contra viento y marea, en secreto y de espaldas al Ministerio del Interior. Casi marginados y con el punto de mira puesto en sus más altos superiores, a los que llegaron a pinchar los teléfonos móviles para descubrir a los soplones. Los informes secretos del chivatazo a ETA remitidos al juez Baltasar Garzón permiten, por primera vez, reconstruir dos años de una exhaustiva investigación policial que, a priori, no presenta fisuras y que, a pesar de las zancadillas, apunta sin género de dudas al alto mando de la Dirección General de la Policía y, en concreto, a su ex director Víctor García Hidalgo. Los atestados del inspector jefe Carlos G. y sus cuatro subordinados -otro inspector jefe y tres inspectores-, basados en centenares de intervenciones telefónicas, desvelan además la existencia en el cuerpo de una red de mando paralela trazada por amistades personales y fidelidades para ocultar la delación.

Los cinco informes, con sus diferentes apéndices y anexos de las diligencias previas 59/07, desvelan cómo se investigó el chivatazo. Cómo desde una llamada lograron llegar al mismísimo director de la Policía, y todo ello sin conocer lo que se habló en todo ese ingente tráfico de comunicaciones.

La 'chicharra'

Los agentes supieron de la filtración a ETA el mismo día que se produjo, el 4 de mayo de 2006. Una 'chicharra' (una baliza) en el coche del jefe de la trama de extorsión, Joseba Elosúa, desveló el soplo. Si ese sistema de escuchas no hubiese funcionado, los agentes jamás hubieran sabido que un chivatazo había frustrado la operación prevista para horas antes. Hasta ese momento, solo habían visto que Elosúa, extrañamente, había salido de su restaurante a llamar en una cabina. Los investigadores desconocían que un supuesto policía, que había entrado por la puerta de atrás al local, había pasado al cobrador de ETA un teléfono desde el cual, -aseguran los atestados- el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, habría alertado a Elosúa de que la Policía esperaba en la frontera al etarra José Antonio Cau, que iba a entrar en España para recoger "nueve millones de pesetas" pagados por el impuesto revolucionario. Ese dinero habría sido entregado el día antes por el ex dirigente del PNV ya fallecido Gorka Aguirre, quien habría hecho de intermediario con un empresario extorsionado. Según el sumario, el propio Aguirre iba a ser detenido ese día con otras nueve personas. Estaban decididos hasta los nombres de los 34 agentes que iban a intervenir.

Sin embargo, Cau no llegó nunca a Irún. Fueron Elosúa y su yerno, Carmelo Luquin, los que se fueron a Francia. En la conversación entre ambos en el coche, el dueño del bar Faisán desveló a Luquin que la "txakurrada" (policías) le había avisado de los seguimientos para "no fastidiar todo el proceso", se supone que de paz.

La investigación sobre el chivatazo solo pudo arrancar tras la detención de Elosúa el 20 de junio de 2006. El supuesto recaudador de ETA reconoció desde el principio el soplo, pero solo dio una pista: la delación se produjo entre las 11.20 y las 11.25. A partir de ahí, los agentes empezaron a trabajar, en secreto y bajo tutela del juez Fernando Grande-Marlaska. Los agentes fijaron su investigación entre las 11.10 y las 11.40. Había que analizar 1.932 llamadas, que redujeron a 63, las que duraban más de cuatro minutos.

Fraga y Calamocha

Camioneros, llamadas entre parejas -incluso entre amantes-, un fontanero con una chapuza en la zona o el trabajador de una inmobiliaria que enseñaba un piso. Todo fue comprobado. Los agentes se desplazaron a Fraga (Huesca), a Calamocha (Teruel), a Coslada y Pozuelo (Madrid) para hablar en persona con algunos. Pero, al final, solo una llamada resultó sospechosa: la realizada a las 11.23 por el inspector de policía de terrorismo islámico destinado en Vitoria, J.M.B. Y lo más sorprendente: el destinatario era el jefe superior de Policía de Euskadi.

Había surgido la pista que señalaba a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía.

Pero lo más fuerte estaba por llegar. El máximo responsable de la Policía en Euskadi, nada más producirse el soplo, llamó dos veces a García Hidalgo, quien no cogió el teléfono. Luego García Hidalgo devolvió la llamada.

A la vista del tráfico de llamadas, los investigadores llegan a la conclusión de que los implicados en el chivatazo crearon una suerte de cadena de mando paralela cuyo vértice era el entonces director general de la Policía.

Tres meses después del soplo comenzaron los pinchazos a los implicados. La cúpula policial ya sabía que estaba bajo investigación y tomó precauciones, como el uso de teléfonos con tarjeta de prepago, pero cometieron algún descuido. En uno de ellos, el 14 de septiembre, un comisario insta a Pamiés a que esté "tranquilo que con el Baltasar no hay problema". Por su parte, Pamiés confesó a un veterano periodista que lo del chivatazo había sido para "hacerle un favor a Gorka Aguirre". En otra llamada, se hace eco de una conversación con García Hidalgo tras su cese el 8 de septiembre, en la que le pide que "diga la verdad, si su cese ha sido por esto" y en la que el director, según el jefe superior, se queja de lo mal que se han portado con él en Interior (Rubalcaba acababa de llegar). El jefe superior de Policía en el País Vasco, con el teléfono intervenido, lanzó graves insultos contra los que habían destituido a García Hidalgo. Comenzaba el calvario para los tres imputados: el director, el jefe y el inspector de Vitoria.

Y quizás para un inmediato superior de García Hidalgo?