El chivatazo es para el PP uno de "los escándalos más graves" del Ejecutivo

El PP elevó el listón y denunció ayer que la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el presunto chivatazo a la red de extorsión de ETA en mayo de 2006, durante la última tregua, es uno de "los escándalos más graves" del Gobierno porque el Ministerio del Interior tiene una "implicación importante". Tanto la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, acusaron al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de "ocultismo deliberado" que tendrá que aclarar en el Congreso. Una petición que el PSOE rechazará hasta que la Justicia no se pronuncie.

A medida que se conocen detalles de la instrucción que lleva a cabo el juez Baltasar Garzón, en la que supuestamente funcionarios de la Policía Nacional alertaron al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa -presunto responsable de la red de extorsión de ETA- sobre una operación antiterrorista, el PP recrudece su ofensiva contra el Gobierno. Sáenz de Santamaría dio por sentado que el chivatazo es "deliberado" y criticó a Rubalcaba por "no decir la verdad". "Se ha dicho que no hubo ningún perjuicio, que todos los miembros de la trama están detenidos, pero están apareciendo una serie de nombres y ni siquiera en Interior parece que haya intención de investigarlo", afirmó la portavoz del PP.

Más contundente aún, De Cospedal exigió una "explicación convincente" de Rubalcaba, ya que, afirmó, debe quedar claro si en un país democrático "se da prevalencia" a la defensa de los etarras o a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. La secretaria general del PP avanzó que su partido, que está personado en la causa, llegará "hasta el final" de un asunto que es lo "suficientemente grave" como para exigir una aclaración. "El PP va a seguir pidiendo todo lo que pasó (en el bar Faisán de Irún)", manifestó.

Retirar la petición de archivo

El primer paso, según las dirigentes populares, es que la Fiscalía "dé las instrucciones precisas" para que retire la petición de archivo de la causa que formuló el pasado octubre con el argumento de que no podía encontrarse al responsable del chivatazo. El segundo, que Rubalcaba acuda al Congreso y dé las explicaciones oportunas en sesión plenaria. Para ello el PP registró una petición de comparecencia del ministro del Interior.

Sin embargo, el PSOE no parece estar dispuesto, al menos de momento, a acceder a estas pretensiones. El portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, afirmó ayer que "hay que respetar los tiempos de la Justicia" y aseguró que el ministro dará explicaciones cuando concluya el proceso. No obstante, puso la mano en el fuego por Rubalcaba y expresó su convencimiento de que tanto la Policía como los responsables políticos "actúan siempre" con sentido común y respeto a las leyes.

Pero el caso Faisán tampoco pasó desapercibido para los nacionalistas vascos. El PNV tachó de "vergonzoso" el uso que se está haciendo del nombre de Gorka Aguirre, el fallecido dirigente nacionalista que estuvo imputado durante la investigación de la red de extorsión de ETA. El diputado Aitor Esteban destacó al carácter "demócrata" de Aguirre, una persona que se caracterizó por haber luchado "siempre" en contra de la violencia y por haber marcado posiciones "absolutamente separadas de ETA".