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LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El Centro Nacional Antiterrorista airea sus secretos en internet

La ley obliga al centro a hacer públicas algunas de sus compras más sofisticadas, como un nuevo sistema de cifrado o el software para seguimiento geográfico de operaciones.

Un vacío legal inquieta a los militares, policías, guardias civiles y espías que trabajan codo con codo en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), la que se supone que es la segunda institución del Estado más secreta después del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El CNCA, a diferencia del CNI, que se rige por normativas propias, está obligado por ley a publicitar en las páginas web del Estado sus principales concursos y adquisiciones, al estar vinculado administrativamente al Ministerio del Interior.

Esta disposición legal hace que salgan a la luz algunos de sus secretos.

El problema, explican los técnicos del CNCA que reclaman un cambio legislativo inmediato, es el artículo 309 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público que establece la obligatoriedad de hacer públicos buena parte de los datos del contrato y de las empresas que concurren al concurso. Es una obligación, recuerdan estas mismas fuentes, para todos "los órganos de contratación de la administración general del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad Social y demás entidades públicas estatales".

Las confidencias que se publican en Plataforma de Contratación del Estado, aseguran expertos del centro, no llegan afectar a la seguridad del Estado, pero sí hacen públicos detalles muy delicados que no es aconsejable que sean de dominio público, como los sistemas de análisis de inteligencia que adquiere el centro, cuánto gasta el Gobierno en esas herramientas, cuándo hace las adquisiciones, cuándo las renueva y con qué aplicaciones informáticas, quién da el visto bueno a las operaciones y cómo se cierran esos contratos.

Pero al margen de la 'filtración' obligada de estas compras hay un aspecto aún más peliagudo, el portal de la Administración en internet, de acceso público, revela quiénes son las empresas a las que el Gobierno considera de suficiente confianza para optar a estos concursos restringidos y confidenciales, y qué firmas son las que contratan con el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, organismo creado tras el 11-M para mejorar la lucha antiterrorista y la coordinación entre los servicios secretos y las fuerzas de seguridad. Un problema añadido, señalan estas mismas fuentes, es que esas compañías, en su mayoría, son también las habituales en los concursos de sistemas de Inteligencia que convoca el CNI y buena parte de los servicios secretos de otros países europeos.

En la red

Un repaso a la web de los contratos del Estado deja entrever las inquietudes del CNCA en los últimos meses. Por ejemplo, su preocupación por hacer invulnerables sus comunicaciones llevó a la organización a comprar el pasado noviembre en un "procedimiento sin publicidad y sin promoción de ofertas" varios "equipos de cifrado" valorados en 103.708 euros a la empresa Exxxxx.S.A, una compañía madrileña que, desde su creación en 1993, trabaja en la "protección de las comunicaciones críticas" de diferentes departamentos de la Administración, en especial Interior y Defensa, sobre todo en la "fabricación, comercialización y consultoría de aplicaciones y equipos criptográficos". La convocatoria no revela cuál es el sistema concreto que ha comprado el CNI para hacer indescifrables sus comunicaciones, pero "cualquier experto del sector conoce con qué marcas trabaja esa compañía y qué sistema ha vendido por ese precio", explica un mando de la lucha antiterorrista, que se pregunta "por qué hay que regalar esa información gratuitamente a los malos".

Más preocupante para los expertos de seguridad del CNCA ha sido la publicación "a los cuatro vientos", también el pasado noviembre, de que el centro ha contratado el "desarrollo, configuración e integración de un sistema de información geográfica (GIS)". Tras estas siglas se esconde una de las herramientas informáticas más usadas por los servicios de espionaje de todo el mundo, un 'software', comprado por algo menos de 70.000 euros, que es capaz de hacer recreaciones cartográficas de cualquier lugar del mundo y que -con la ayuda de los satélites y del GPS- se usa sobre todo para seguir en tiempo real sobre un mapa a posibles sospechosos, coches balizados, usuarios de móviles u operaciones en marcha.

Ese contrato se lo ha llevado una empresa española con más de 2.000 clientes en todo el mundo, entre ellos varios gobiernos, y que tiene un destacado departamento dedicado a la "gestión de información geográfica". El portal de la Administración también revela que el CNCA, para completar el GIS, ha comprado una completísima "base de datos cartográfica" por algo más de 48.000 euros y que sólo convocó a ese concurso a tres empresas de confianza absoluta para el Gobierno por haber trabajado con "otros departamentos sensibles" y cuyos nombres, por supuesto, son de dominio público.

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