El caso Palau salpica a un consejero

Giro inesperado en el caso Millet o caso Palau. La presunta trama de corrupción urdida por Félix Millet en torno al Palau de la Música catalana, en Barcelona, ha dejado de ser un asunto que salpica solo a CiU y, según las últimas investigaciones, podría extenderse también a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona, ambos gobernados por el PSC.

La Fiscalía ha presentado una querella contra el antiguo presidente de la entidad cultural y contra su mano derecha, Jordi Montull, cerebros confesos del desfalco, por irregularidades en los trámites de construcción de un hotel junto al edificio del Palau. Se les acusa de tráfico de influencias y de apropiación indebida. Al consejero de Economía, Antoni Castells, se le achaca que firmó un convenio sin tramitar los informes jurídicos previos y preceptivos.

La Fiscalía investiga las operaciones que realizaron Millet y Montull para lograr recalificar tres fincas destinadas a equipamientos y poder construir en su lugar un hotel de lujo junto al Palau de la Música. Fue en 2003, cuando la fundación del Palau consiguió hacerse con la titularidad de tres edificios de una escuela a cambio de financiar unas obras en otro punto del centro histórico de Barcelona.

Félix Millet, a pesar de la fuerte oposición vecinal, quería convertir esos viejos inmuebles en un hotel de cinco estrellas, desde cuyas ventanas casi se podría tocar la fachada del flamante Palau de la Música, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El problema residía en que las tres fincas estaban catalogadas para equipamientos.

La solución la encontró Millet de la mano de la Generalitat y del Ayuntamiento por medio de una permuta. Trasladaron la calificación residencial de un edificio propiedad del Gobierno autonómico a los tres edificios de la escuela de La Salle comprados por Millet. Entretanto, el inmueble del Ejecutivo catalán pasaba a ser para equipamientos.

Esta operación, suscrita por Castells, fue posible, según la Fiscalía, porque "Millet y Montull se aprovecharon de sus relaciones personales generadas por su posición dentro de la sociedad civil y política catalana" para "conseguir un importante beneficio económico". La otra operación investigada por la Fiscalía implica al entonces primer teniente de alcalde, Xavier Casas, que dio luz verde a la modificación del plan general metropolitano, que debía aprobar la construcción del hotel. Según la Fiscalía, también en este punto Millet logró firmar con las condiciones que más le interesaban.

3,6 millones de comisión

El representante del Ministerio Público no descarta en su escrito que pueda haber más imputados y señala que podría citar a declarar al consejero Castells, así como a concejales del área de Urbanismo y del distrito de Ciutat Vella en la época en que se firmó el convenio. Según el fiscal, el convenio permitió a Millet embolsarse una comisión de 3,6 millones de euros solo por conseguir la recalificación, aunque finalmente no los obtuvo, ya que a raíz de estallar el caso Millet el Ayuntamiento paralizó el proyecto del hotel, que en estos momentos está encallado.

Castells se defendió ayer señalando que colaborará en todo lo que haga falta con la Fiscalía y que está muy tranquilo. El consejero de Economía, uno de los hombres fuertes del socialismo catalán, afirmó que la operación para construir un hotel era buena para Barcelona y el Palau. Además, señaló que el convenio preveía las compensaciones pertinentes a la Generalitat por la pérdida de patrimonio en la permuta.

La Fiscalía, en cambio, aseguró que la Consejería de Economía dejó en manos de Millet la indemnización que tendría que percibir la administración, que el ex presidente del Palau de la Música fijó finalmente en 5,5 millones de euros.