Ni una palabra. Álvaro Pérez, 'el Bigotes', el hombre en Valencia de la trama Gürtel, se acogió ayer a su derecho de no declarar y rechazó responder a la batería de preguntas que la Fiscalía Anticorrupción tenía preparadas sobre los negocios y contratos de su empresa, Orange Market, con el PP de esa comunidad y la Generalitat.

Pérez -esta vez con bigote y barba, bronceado y con el pelo engominado hacia atrás- llegó a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acompañado de sus dos abogados. "Estoy muy tranquilo", fue la única frase que pronunció a las puertas de la sede judicial.

Ya en el interior, ante el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, dijo que no pensaba responder a pregunta alguna y que se reafirmaba en la declaración que prestó ante el instructor primigenio del caso, Baltasar Garzón, cuando fue detenido en febrero de 2009. Entonces, Pérez, cuya empresa consiguió 45 contratos de la Generalitat valenciana por un valor superior a los 6,8 millones de euros de 2004 a 2009, dijo que su única relación con el cabecilla de la trama era solo de amistad y que Francisco Correa nada tenía que ver con Orange Market. También negó hace 15 meses que facturara en 'B' al PP valenciano o haber recibido un trato de favor del Gobierno autonómico en los concursos públicos.

Media hora

El Bigotes apenas estuvo media hora en la sede judicial, que abandonó en la misma condición procesal con la que entró: imputado por asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho. La Fiscalía, a pesar del silencio, no pidió que se endurecieran las medidas cautelares que pesan sobre Pérez, quien cada día 15 debe comparecer ante el juzgado. Además, Pedreira le exige una fianza de 650.000 euros por su responsabilidad civil, suma que el imputado asegura que no puede reunir al tener todas las cuentas bloqueadas.

Al margen de los contratos con el Gobierno, las fiscales del caso, Miriam Sánchez y Concha Sabadell, se quedaron sin poder preguntar al Bigotes sobre las irregularidades detectadas en las últimas semanas por los investigadores en los libros de Orange Market.

Según informaron fuentes del caso, Anticorrupción estaba "especialmente interesada" por la alteración continuada de facturas en los libros de la empresa, que destapó la Policía y confirmó la Agencia Tributaria. Esas irregularidades habrían servido para financiar de manera ilícita al PPCV a través de donaciones encubiertas.