Señor Presidente, Señorías,

El domingo pasado, los ministros de economía del ECOFIN,

siguiendo las instrucciones de los Jefes de Estado y de Gobierno del

Eurogrupo, aprobaron el llamado Mecanismo Europeo de

Estabilización para movilizar hasta 750.000 millones de euros en

defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la eurozona.

Es una cantidad de una magnitud extraordinaria. Es una respuesta

sencillamente inimaginable sólo unos días antes frente a la

inestabilidad de los mercados.

La reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo fue

convocada de urgencia para el viernes 7 por la tarde. Hoy estamos a

miércoles: han pasado sólo cinco días desde entonces. Los mismos

cinco días que han transcurrido desde que, por la mañana de ese

viernes, solicité mi comparecencia en esta Cámara.

Las dos reuniones a que me refiero fueron convocadas para

reaccionar, para que la Unión reaccionara como tal, frente a la fuerte

inestabilidad de los mercados y de las bolsas europeas que se había

desencadenado con ocasión de la operación de rescate financiero de

Grecia.

Desde el nacimiento de la Unión Monetaria, ésta nunca había pasado

por un trance ni de lejos similar; nunca había afrontado una amenaza

tan seria y real como ésta a su propia subsistencia. Una amenaza,

por otra parte, que afectaba de lleno al orden financiero global y a la

aún débil recuperación económica mundial.

La intensidad de la respuesta que hemos aprobado es consecuente,

pues, con el peligro que afrontábamos. Cuando alcancemos a ver

con perspectiva los acontecimientos que estamos viviendo, estoy

seguro de que estas fechas se juzgarán decisivas para la Unión

Monetaria, para el gobierno económico de Europa y para el futuro

mismo de Europa como comunidad política.

Hay quien dice que la respuesta ha sido lenta, que lo que se acordó

el pasado fin de semana debió hacerse antes. Pero me parece que

no se debería ser tan severo a la hora de juzgar una reacción ante

circunstancias que carecen por completo de precedente, que son

siempre difíciles de evaluar, y que conciernen y comprometen a nada

menos que 16 países -por ceñirme a los de las zona euro-, con

distintos fundamentos económicos y sensibilidades diversas ante la

crisis común.

Con el acuerdo alcanzado, Europa ha mostrado su fortaleza. Y,

además -frente a cantos de sirena o tentaciones defensivas y de

retroceso-, ha mostrado que sigue comprometida consigo misma; o

quizá, mejor, que lo está como nunca lo había estado antes.

Señorías,

El episodio de estos días ha sido el último acontecimiento relevante

de esta crisis tan dura y compleja que estamos viviendo desde el

verano de 2008.

Fue, en primer término, el desplome de los grandes bancos

americanos y algunos europeos en otoño de ese año, y la gigantesca

operación de rescate que le sucedió.

Fueron, después, los extraordinarios planes de impulso fiscal puestos

en marcha para sostener la actividad económica y paliar los efectos

de la recesión que sucedió al crash financiero.

Es, ahora, esta iniciativa, igualmente inédita, de crear el Mecanismo

Europeo de Estabilización para respaldar a la Unión Monetaria y al

euro.

El Gobierno español ha reaccionado ante cada uno de estos

inesperados desafíos. Lo ha hecho como lo han hecho los demás

gobiernos, cada uno en función de sus propias circunstancias. Lo ha

hecho adaptando sus decisiones a la naturaleza del problema que

planteaba cada una de las fases de la crisis.

Nosotros no necesitamos inyectar dinero en nuestro sistema

financiero en la primera fase: bastó sólo con prestarle respaldo,

mediante la adquisición de activos financieros o prestarle aval a su

endeudamiento.

Pero sí tuvimos que poner en marcha meses más tarde un plan

anticíclico especialmente vigoroso para compensar la fuerte caída de

la actividad que originó el desplome del sector de la construcción y su

peor consecuencia, el desempleo masivo.

Y, ahora, a consecuencia de ello, y de las demás medidas

compensatorias adoptadas, debemos hacer también un esfuerzo

especial para reducir nuestro déficit. Y debemos hacerlo ahora,

precisamente cuando comienza la recuperación.

A lo largo de estos veinte meses el Gobierno ha mantenido un

comportamiento coherente. Adaptó sus decisiones a las

características de cada momento. No se ha empeñado en aplicar

siempre los mismos recursos sino los que, en cada caso, ante cada

problema, entendió más beneficiosos para los intereses generales.

No dejó, pues, de hacer lo que consideraba que había que hacer en

cada momento. Y lo hizo con una pauta de conducta constante: a la

vez, promover la actividad para fomentar la creación de empleo y

asegurar la cohesión social.

Señorías,

España, en tanto que Presidencia rotatoria de la Unión, ha

contribuido a la creación de este Fondo especial y de los demás

acuerdos del ECOFIN. Desde que se planteó el rescate a Grecia,

hemos mantenido una postura clara y activa en favor de una

respuesta europea fuerte.

Como sus señorías saben, de acuerdo con el Mecanismo Europeo de

Estabilización aprobado, y diseñado al amparo del artículo 122.2 del

Tratado, la Unión podrá conceder asistencia financiera a cualquier

Estado Miembro en dificultades causadas por circunstancias

extraordinarias. De los 750.000 millones de euros con los que está

dotado, un verdadero cinturón de seguridad para toda la zona euro,

250.000 serán aportados por el Fondo Monetario Internacional.

La puesta en marcha de este mecanismo va, además, acompañada

de intervenciones en los mercados de deuda y otras medidas

extraordinarias de liquidez por parte del Banco Central Europeo.

Pero no ha sido éste, con ser muy trascendente, el único acuerdo

adoptado.

A raíz de los desplomes bancarios, absolutamente imprevistos, del

otoño de 2008, la Comunidad internacional, el G20, las diversas

instituciones de ámbito regional iniciaron un movimiento de reflexión

para introducir nuevas reglas en los mercados financieros. Este

proceso sigue abierto, ha dado algunos pasos pero aun debe

completar su tarea, y sobre ello trabajará el G20 el mes que viene en

Toronto.

Estos días, en la zona euro, se ha reforzado la convicción de que hay

que seguir por este camino, que es complejo, pero que es ineludible.

La ordenación de los mercados, como alternativa a que la lógica de

éstos, muchas veces irracional, se imponga a la de los propios

Gobiernos, es un reto con el que está comprometida la comunidad

internacional en general y la Unión Europea en particular.

Estamos, en efecto, comprometidos en hacerlo. Trabajamos en ello.

Pero no lo hemos alcanzado todavía.

De hecho, estos días hemos vuelto a padecer las consecuencias de

una economía global, especialmente la financiera, insuficientemente

gobernada, insuficientemente regulada.

Basta recordar, para poner de manifiesto la fragilidad del sistema

financiero, cómo la difusión, interesada o no, de un falso rumor,

puede poner en jaque las cotizaciones bursátiles y los diferenciales

de deuda. Por no hablar en general de los movimientos especulativos

que juegan a corto con el crédito de la moneda o la solvencia de un

país.

Habrá quien piense que se trata de fenómenos que sólo afectan a los

Estados o a las entidades financieras. Y hay que explicar que

afectan, por el contrario, a todos los ciudadanos: a quienes ahorran y

a quienes invierten. Afectan a la economía nacional y también a la

economía de cada ciudadano.

Por eso, el Eurogrupo, a la vista de los acontecimientos de los

últimos días, ha manifestado su voluntad de intensificar la supervisión

de los mercados de derivados y la revisión del papel de las agencias

de rating.

Lo hemos decidido con el objetivo de avanzar hacia unos mercados

financieros eficientes y transparentes, donde no tengan cabida los

abusos de información, la difusión de rumores infundados o ejercicios

desestabilizadores de especulación desmedida.

Pero no basta con eso. Es obvio, igualmente, que la fragilidad e

inestabilidad de los mercados se ha visto agravada por los

desequilibrios acumulados como respuesta a la recesión. Y que hay

que actuar, en consecuencia, con mayor energía y rapidez, sobre

estos desequilibrios y que hay que hacerlo en todos los países que

los padezcan. En nuestro caso -lo diré con claridad-, esos

desequilibrios se llaman 11,2 de déficit y 20 por 100 de paro.

Se trata, pues, de dos acciones complementarias que persiguen un

mismo fin: restablecer la estabilidad cuanto antes para propiciar un

marco en el que pueda fortalecerse la recuperación.

Por ello, hemos alcanzado también un acuerdo para reforzar el

gobierno económico de la Unión Europea, coordinar mejor las

políticas y reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Y en este contexto se inscribe el compromiso asumido por los

Estados miembros de acelerar o intensificar, en su caso, los planes

de consolidación fiscal respectivos.

Señorías,

El Programa de Estabilidad fue aprobado en enero de 2010 con el

objetivo de alcanzar el 3% de déficit en 2013.

Un objetivo con el que desde un primer momento adquirimos un firme

compromiso, calificándolo como una necesidad, como una exigencia

a cumplir. Un objetivo sobre el que, en estos meses, hemos reiterado

nuestra voluntad de cumplirlo a rajatabla, incorporando, si fuese

necesario, medidas adicionales.

Esta voluntad es la expresión más clara de que nos sentimos

plenamente vinculados al Plan de Estabilidad y Crecimiento europeo

y de que no concebimos una recuperación económica sostenida y

sostenible en nuestro país que no se base o se acompañe de unas

cuentas públicas saneadas.

El Programa plantea una senda de reducción del déficit en cuatro

ejercicios presupuestarios, los que van de 2010 a 2013.

El Programa se concibe como un Plan gradual con el propósito

expreso de no limitar las posibilidades de la recuperación económica,

sobre todo en el momento en que, conforme a nuestras previsiones,

debía iniciarse la recuperación de nuestra economía.

El Programa supone, en definitiva, un esfuerzo de austeridad.

Lo iniciamos con un Presupuesto para 2010 que incluía una

reducción del gasto público del 4%, 7.500 millones de euros (0,7%

del PIB).

Pero, desde enero, hemos aprobado una serie de medidas

complementarias, entre las que hay que destacar:

- Un acuerdo de no disponibilidad de 5 mil millones de euros

(0,5% del PIB), que afectó a todos los Ministerios.

- Un plan de racionalización del gasto farmacéutico, por importe

de 1.500 millones de euros (0,15% del PIB).

- Una reducción de la Oferta de Empleo Público, estableciendo

una tasa de reposición del 10% de las vacantes, lo que supone

para 2010 una reducción de 13.000 plazas en la Administración

General del Estado, y un ahorro de 300 millones de euros.

- Una racionalización del Sector público estatal y de reducción de

altos cargos. No tiene, por el tipo de partidas a las que afecta,

un efecto apreciable de reducción del gasto. Pero sí tiene un

claro contenido ejemplarizador.

Hemos reducido, así, el gasto público. Pero también hemos reforzado

los ingresos.

Los Presupuestos 2010 incluyen una subida de la imposición sobre

las rentas del capital, que ha entrado en vigor en enero, y una subida

del Impuesto sobre el Valor Añadido, a partir de julio. Además, en

febrero se aprobó un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal y

laboral.

Este conjunto de medidas, de ingreso y de gasto, seleccionadas para

no afectar a la recuperación económica y al empleo, suponen ya una

previsión de reducción del déficit público en 1,4 puntos en 2010,

desde el 11,2 al 9,8% del PIB.

El Programa español recibió una valoración global positiva de la

Comisión Europea en marzo de 2010. El FMI lo calificó de riguroso.

Los inversores creyeron en él.

Es cierto que algunos nos reclamaron una mayor concreción de sus

instrumentos de aplicación. Ya advertimos que lo haríamos con

ocasión de la aprobación del techo de gasto para 2011, previsto para

junio.

Pero, en todo caso, recibió una valoración global positiva.

Señorías,

La situación financiera comenzó a deteriorarse claramente en abril.

La desconfianza sobre la solución adoptada para la crisis griega, se

contagió a otros mercados de deuda soberana de la zona euro, para

finalmente ponerse en riesgo la estabilidad de toda ella y por

extensión el orden financiero internacional.

Por ello, el pasado domingo el Eurogrupo decidió conjugar la acción

concertada del Mecanismo Europeo de Estabilización y del Banco

Central Europeo con acciones individuales de los países destinadas

a reforzar la sostenibilidad fiscal de la zona euro y de cada uno de

ellos.

Estas acciones son particularmente necesarias en aquellos países,

que por distintas circunstancias en cada uno de ellos, se están

viendo sometidos a la presión de los mercados financieros. España

es uno de ellos.

Coherentes con la evolución de la realidad y con estas decisiones, el

Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar, de anticipar la

reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional sobre

el inicialmente previsto por valor equivalente a medio punto del PIB

este mismo año, algo más de 5.000 millones, y de otro punto

adicional en 2011, por importe de 10.000 millones.

Es un esfuerzo considerable. Significa pasar, en tan solo dos años,

de un déficit del 11,2 a otro del 6. Significa reducir, en tan sólo dos

años, 5,2 puntos de déficit. Significa cumplir, en tan sólo dos años,

dos terceras de nuestro compromiso para cuatro años.

Señorías,

Esta decisión, lo reitero, la tomamos en el marco del compromiso

conjunto de los países de la Unión para estabilizar los mercados,

abaratar la deuda y garantizar su pago, y, en definitiva, restablecer la

confianza en el euro.

No es fácil para el Gobierno aprobar las nuevas medidas que les voy

a anunciar. Y la dificultad no se aminora por el hecho de que estemos

convencidos de su necesidad.

No aprobamos un nuevo Plan: mantenemos el esfuerzo de

austeridad que aprobamos en el mes de enero.

Nuestro objetivo no ha variado: sigue siendo situar a la economía

española en 2013 con un 3% de déficit en relación con su Producto

Interior Bruto.

Pero a ese objetivo ahora se incorpora otro, no menos necesario en

el momento presente, el de contribuir con nuestra estabilidad

financiera a la estabilidad financiera de la zona euro. Necesitamos

hacerlo para proseguir con la recuperación.

Y, para lograrlo, hay que acelerar la reducción del déficit.

Esto implica recortes adicionales en ámbitos ya objeto de reducción y

en otros nuevos cuya incidencia social es evidente.

Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos.

En primer lugar, a la sociedad española, a los ciudadanos. También a

las administraciones públicas. Un esfuerzo nacional, colectivo. Y

también equitativo y justificado, justificado por su distribución y por el

fin que perseguimos con él.

Por todo ello, el Gobierno ha decidido:

• Reducir las retribuciones de personal del sector público en un

5% de media en 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del

Gobierno y demás Altos Cargos tendrán una reducción superior

al último tramo de la escala que se establezca.

• Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones,

excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.

• Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto

en la Ley 40/2007.

• Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del

1 de enero de 2011.

• Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio

de los medicamentos excluidos del sistema de precios de

referencia, y mediante la adecuación del número de unidades

de los envases de los medicamentos a la duración

estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de

medicamentos en unidosis.

• Suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago

de prestaciones por dependencia al día de presentación de la

solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de

resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada

retroactividad desde esa fecha.

• Se dispone una reducción entre 2010-2011 de 600 millones de

euros en Ayuda Oficial al Desarrollo.

 • Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010

y 2011 en la inversión pública estatal.

• Se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por

parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un Decreto-ley

recogiendo estas medidas para su entrada en vigor inmediata.

Paralelamente, el Consejo de Ministros del próximo viernes

examinará el techo de gasto para los Presupuestos Generales del

Estado para 2011 y el Plan de Austeridad 2011-2013, que incorporará

las consecuencias de estas decisiones que he mencionado.

Señorías,

Son medidas que, a juicio del Gobierno, son imprescindibles y

procuran ser lo más equitativas posible.

Son imprescindibles, lo diré una vez más, para alcanzar en este

momento la comprometida reducción del déficit, para reforzar la

confianza en la economía española y para contribuir a la estabilidad

financiera de la zona euro. Suponen un volumen de reducción de

gasto que cumple con el compromiso adquirido: 15.000 millones

menos.

Son equitativas, pues pretenden repartir con justicia ese esfuerzo

nacional que hoy, como Presidente del Gobierno, pido a los

ciudadanos.

Hasta ahora, las personas que han perdido su empleo, y los

empresarios que han visto frustradas o reducidas sus aspiraciones

han pagado con creces su peaje en esta crisis. No es a ellos a los

que quepa demandar solidaridad, sino a la inversa, ofrecérsela.

Por último, las medidas son o pretenden ser eficientes, porque

contribuirán a sanear las arcas públicas afectando lo menos posible a

la inversión pública, para hace posible seguir conciliando la reducción

del déficit con la recuperación.

Somos conscientes, no obstante, de que la reducción de la demanda

afectará transitoriamente al crecimiento. Por ello, el Gobierno estima

que el crecimiento el año que viene será unas décimas inferior al

previsto.

Por ello mismo, puedo asegurar que se mantendrán efectivas, y no

serán afectadas por este esfuerzo de reducción de gasto, las

acciones ya en marcha para impulsar la recuperación.

Me refiero a las medidas acordadas en el llamado proceso de

Zurbano, las incluidas en la Ley de Economía Sostenible, el Plan de

Participación público-privada para la inversión en infraestructuras, las

nuevas líneas de crédito del ICO, las reformas estructurales en

marcha.

Y me refiero también a tres procesos en marcha pero todavía

inconclusos:

El primero, el proceso de reforma laboral que se está negociando con

empresarios y sindicatos. Nos hemos comprometido a concluirlo en

el presente mes de mayo. A los interlocutores sociales les agradezco

su disposición y su esfuerzo de entendimiento que espero,

sinceramente, que concluya con éxito.

El segundo, la revisión del Pacto de Toledo que se lleva a cabo en

esta Cámara. Espero que, en no mucho tiempo, podamos acordar las

medidas que aseguren la estabilidad del sistema y la equidad de sus

prestaciones, incluidas las que aún están pendientes de las pactadas

con los interlocutores sociales en 2006.

El tercero, la reestructuración de nuestro sistema financiero, en

especial en lo que se refiere a las Cajas de Ahorro. Sobre ella, quiero

agradecer la disposición del Sr. Rajoy para acordar una acción

conjunta que la impulse definitivamente para poder dar por cerrado el

proceso antes del 30 de junio y abordar, también en esa fecha, la

reforma consensuada de la LORCA.

Señorías,

Cuando concluyo mi intervención, soy consciente de que muchos

ciudadanos no entenderán que, precisamente cuando el Gobierno les

está anunciando que se ha iniciado ya la recuperación de nuestra

economía y estamos empezando a salir de la crisis, precisamente

ahora les pida más esfuerzo, les solicite más compromiso, les

anuncie sacrificios.

Es ahora cuando lo necesitamos.

Lo necesitamos para cumplir nuestros compromisos europeos.

Lo necesitamos para reforzar la confianza en nuestra economía, para

mantener entre nosotros a los inversores.

Lo necesitamos, sobre todo, para poder seguir fortaleciendo nuestro

sistema productivo y preservar nuestro estado de bienestar.

No es fácil, para un Gobierno, para cualquier Gobierno, dirigirse en

estos términos a sus conciudadanos.

Menos lo es, aún, para un Gobierno que se ha empeñado, durante

los años de bonanza, en dirigir lo mejor de sus esfuerzos a mejorar la

situación de la mayoría de los ciudadanos y, especialmente, de los

menos favorecidos.

Son los mismos que nada han tenido que ver con el origen, el

desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han

sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente

deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos

de la crisis.

Sois la columna que sujeta al país. Sois los que cargáis con su peso.

Los que garantizáis el presente y el futuro de nuestra sociedad, sus

posibilidades de crecimiento, de bienestar, de éxito. Los que

dependéis de vuestro propio trabajo, de vuestro afán emprendedor,

de las rentas públicas que os habéis ganado con los años.

También lo hago a los grupos políticos. A su responsabilidad, a su

esfuerzo, a su compromiso. Es una tarea en la que todos deberíamos

implicarnos. Nos lo exige el bienestar de toda la sociedad. A todos, a

todos, les pido colaboración. Es un proyecto nacional que a todos

nos concierne.

Nada justificaría que algunos se sintiesen ajenos a este esfuerzo

colectivo.

Tenemos la obligación de hacer cuanto esté en nuestras manos para

triunfar en este empeño.

La obligación es mayor, desde luego, para el Gobierno y muy

singularmente para quien lo preside.

Asumo mi responsabilidad y me comprometo con ella.

La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. Pero puedo

asegurarles a todos que el Gobierno no desfallecerá y está seguro,

estamos convencidos, de que lograremos salir adelante.

Muchas gracias.