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chivatazo a ETA

Nuevas evidencias apuntan a Interior en el chivatazo

Dignidad y Justicia pide que se identifiquen tres teléfonos con los que se comunicaron los imputados esos días.

Rubalcaba, en la Universidad de Salamanca, donde habló sobre amenazas globales a la seguridad.
Nuevas evidencias apuntan a Interior en el chivatazo
J. M. G./EFE

Diecisiete llamadas desde tres números de teléfono, dos móviles y uno fijo, registrados a nombre de la Subsecretaría de Estado del Ministerio del Interior. Esos tres números recibieron llamadas de dos de los tres imputados por el chivatazo a ETA antes, durante e inmediatamente después de que se produjera la delación policial al aparato de extorsión de la banda el 4 de mayo de 2006. A esos móviles del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba también telefonearon los sospechosos cuando cuatro meses después, ya en septiembre, supieron que Baltasar Garzón acaba de abrir una investigación para investigar la filtración. Sin embargo, ese tráfico telefónico no fue analizado en el extenso informe que la Policía hizo en enero de 2007 y en el que se detallaba todo el cruce de llamadas de esos días entre los supuestos principales protagonistas del soplo.

En ninguno de los atestados realizados en la instrucción de la Audiencia Nacional se identifica quién, dentro de Interior, usaba esos teléfonos oficiales: los móviles 62940XXXX, el 68674XXXX y el fijo 91537XXXX. Como dirección de todos ellos figura las dependencias del ministerio en la calle de Amador de los Ríos número 7 de Madrid, justo a las espaldas del palacio del paseo de la Castellana número 5 donde se ubica la sede principal de Interior.

Según responsables judiciales, las únicas referencias a esas 17 misteriosas llamadas y a esas tres terminales han aparecido en anexos a los informes policiales, sin que la Fiscalía se molestara durante los casi cinco años trascurridos desde el soplo en pedir al entonces instructor del chivatazo, Baltasar Garzón, que ordenara identificar a los usuarios.

Ayer, la Asociación Dignidad y Justicia, acusación popular en el sumario sobre el chivatazo y que ha tenido acceso a esos anexos, pidió por primera vez al nuevo juez del caso, Pablo Ruz, que ordene al Ministerio del Interior desvelar quiénes usaban esos teléfonos y que esos tres funcionarios o altos cargos declaren, en principio como testigos, ante el magistrado.

 

No estaban pinchados

Solo los usuarios de esos teléfonos pueden desvelar el contenido de aquellas conversaciones y si estas guardaban relación con la delación, ya que esas terminales no estaban pinchadas y únicamente se conoce el tráfico de llamadas, los destinatarios y receptores y la duración de las mismas. Garzón solo autorizó intervenir los teléfonos de los tres imputados, el ex director de la Policía Víctor García Hildalgo; el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Euskadi, Enrique Pamiés, y un inspector de Vitoria, en agosto de 2006.

Dignidad y Justicia ha pedido además al juez conocer las llamadas hechas desde esos teléfonos desde el 1 de mayo de 2006, tres días antes del chivatazo, hasta el 16 de septiembre de ese año, cuando los principales implicados intercambiaron llamadas tras conocer que la Audiencia Nacional había abierto la investigación para esclarecer el soplo a Joseba Elosúa, el dueño del bar Faisán de Irún, que supuestamente era usado por ETA como oficina de cobro de la extorsión terrorista.

Según el colectivo de víctimas, conocer quiénes usaban esos teléfonos oficiales y de qué hablaron en esas llamadas tiene "relevancia e interés suficiente como para que sean tenidos en cuenta a la hora de esclarecer los hechos objeto de investigación, puesto que dichas llamadas quedan enmarcadas dentro del espacio temporal en el que se producen las llamadas entre los imputados y las personas que han sido investigadas como presuntos autores de la delación del día 4 de mayo".

Dignidad y Justicia también reclama que se interrogue al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Información por las supuestas presiones sobre los investigadores del soplo y a otros funcionarios y mandos que trabajaron en la operación contra la red de extorsión y las investigaciones posteriores una vez se produjo el chivatazo. Sus versiones tienen "contradicciones", según la acusación popular.

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