Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos (PSOE), han sido detenidas en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.

Entre los arrestados, según han informado fuentes policiales, figuran además cuatro ediles del actual equipo de gobierno, varios más de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios, a los que se vincula con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales.

Así, han sido detenidos entre otros el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE); el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur; y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado mes de febrero con un caso de blanqueo de capitales.

Las detenciones, que además de en Estepona se han efectuado en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián y han sido seguidas por 38 registros domiciliarios y societarios y numerosas órdenes de prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y de bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros.

La operación, denominada "Astapa" y desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía bajo la coordinación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes del Ministerio Público han señalado que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella, en la misma provincia, bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y han añadido que los delitos que se investigan son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Estas fuentes han agregado que, como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado y han señalado que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.

Algunas de las supuestas irregularidades cometidas en Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del "caso Malaya" contra la corrupción en Marbella.

Así, la Policía vio "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la "Operación Malaya", Juan Antonio Roca.

El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por Barrientos con el apoderado de una inmobiliaria imputado en el "caso Malaya" y supuso la venta del 90 por ciento de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10 por ciento restante a 831,3 euros.

Los investigadores observaron un "desfase" en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre la primera inmobiliaria y otra sociedad, que cifró en 2.085 euros el precio de cada metro cuadrado edificable.

La Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha decidido iniciar los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido de aquellos concejales implicados en la investigación policial.