«Desde mayo del año pasado no manda Zapatero»

El ex presidente de la Generalitat ya forma parte de la historia española por ser uno de los puntales de la Transición democrática y porque fue la cabeza visible de Cataluña durante 23 años. A sus 81 años, Jordi Pujol sigue en una buena forma física y psíquica que le permite acometer a diario una intensa agenda. El pasado martes, 22-F, acudió a Zaragoza con su esposa, Marta Ferrusola, para participar en una conferencia en Ibercaja invitado por la Universidad San Jorge. Antes atendió unas preguntas de este periódico.

Se cumplen 30 años del 23-F. ¿Hay ahora, como entonces, algún factor que ponga en peligro la estabilidad democrática?

Que ponga en peligro la estabilidad democrática no hay ningún factor. Es impensable que se pueda repetir el 23-F. Pero hay varias cosas que no van bien. La democracia española está consolidada, pero funciona con algunos fallos serios de clima político, de relación entre los partidos y de independencia entre las instituciones del Estado.

¿Por ejemplo?

Es evidente que el Tribunal Constitucional no es independiente de la política. Esto es un fallo grave de la democracia. Y ha renacido otro tema que fue una de las causas del 23-F, que es el autonómico, especialmente respecto a los estatutos de Cataluña y del País Vasco. Hay un movimiento para dar marcha atrás en el tema autonómico. Es decir, la calidad de la democracia no es buena, la credibilidad de las instituciones es débil, el prestigio de la política es muy bajo. Ahora bien, el 23-F no se repite. Afortunadamente esto se superó para siempre. España ha hecho un proceso de cambio importante, ahora está la crisis, pero la renta per cápita es mucho más alta que en 1981, estamos integrados en Europa en todos los sentidos, incluso en el económico como se está viendo ahora.

Tan inmersos en Europa que es la que dirige la situación.

A España, en lo económico, desde mayo pasado no lo gobierna el Ejecutivo español.

¿Zapatero no tiene el poder?

Ni Zapatero ni Salgado. Hacen lo que les mandan. Y en ese sentido, desde el mes de mayo vamos mejor. Sigue habiendo crisis y seguirá habiéndola mucho tiempo, pero las medidas que se toman están en la buena dirección. Hace un par de días, cuando estaban redactando el último texto sobre el decreto de Cajas, decían: "Hemos consultado con Joaquín Almunia". Por tanto, Almunia, Trichet y Merkel, entre otros, son los que marcan la dirección.

Pero dice que la crisis va para largo. ¿Se atreve a pronosticar cuándo acabará?

No me atrevo, pero evidentemente sí estaremos en crisis todo este año y buena parte de 2012. Sobre todo va para largo en un tema especialmente sensible, que es el paro. España acarrea más del doble de paro que la media europea.

¿Qué porcentaje de la crisis achaca a la gestión de Zapatero?

La crisis en sí no la achaco a Zapatero. Ahora bien, España, durante mucho tiempo, ha estado actuando de una forma imprudente. Cuando digo España quiero decir la sociedad española y, por supuesto, los gobiernos, porque el Ejecutivo del PP ya empezó a actuar mal en su última etapa. La responsabilidad grave del Gobierno actual es que no solo no reaccionó con la crisis, sino que la negó. Hasta que en mayo pasado, le dijeron: "Señor Zapatero, se acabó".

Y ahora que todas las encuestas pronostican una gran ventaja para el PP, ¿cree que hará que la economía levante el vuelo?

No lo sé, pero hay un indicativo, que no suele darse nunca, de que la democracia española es segura, pero de débil calidad: el presidente del Gobierno tiene una valoración del 3,5, y el jefe de la oposición saca lo mismo. Eso indica que la gente no mira con confianza a la clase política y a sus dirigentes.

¿Tiene que ver en ese descontento la corrupción política, que hace especialmente mella entre los ciudadanos en época de crisis?

Sí, evidentemente también, pero no es lo único.

Lo digo porque también hay casos que salpican a su partido.

¿A quién?

A su partido.

Ah, es posible que el tema de la corrupción ayude, pero si quitamos la excepción de los países nórdicos europeos, y de Canadá, Nueva Zelanda y Australia, no hay ningún país donde no haya un grado más o menos elevado de corrupción de origen político. Lo cual no es ninguna excusa.

¿Cree entonces que se sobredimensiona la corrupción y eso mina la credibilidad política?

No, no, no. Se sobredimensiona el uso polémico de políticos y periodistas que se hace de los casos. Yo tuve cuatro consejeros que fueron acusados, fueron juzgados y fueron absueltos. Uno de ellos me dijo: "Me acusan de esto, voy a dimitir". Le dije que no dimitiera porque estaba seguro de que era inocente. Pero lo hizo y ahí se frustró una carrera política. Al cabo de tres años le absolvieron y me trajo un dossier con 296 recortes de periódicos donde se explicaban todos los prolegómenos antes de la sentencia, y un recorte con la absolución publicada en una pequeña nota. Por lo tanto, que hay corrupción en España, seguro, pero que se agranda y se utiliza de forma exagerada para destruir al adversario, también.

¿Cree que, debido a esa falta de credibilidad en la clase política, y al caldo de cultivo que supone la crisis y al deterioro del estado de bienestar, pueden darse en España las revueltas que se viven en los países árabes?

No. Deterioro del estado de bienestar hay poco. Puede haber protestas puntuales ante un ambulatorio o ante una escuela. Pero una revuelta, no lo creo.

Lo digo también porque las cifras de endeudamiento que arrojan las comunidades como Cataluña son dramáticas. ¿Hay forma de enderezar la situación manteniendo la estructura actual?

Bueno, en Cataluña se han anunciado recortes, y al nivel del Estado también.

Hace un mes declaró que se inclinaba más por la independencia de Cataluña.

Yo no me declaré independentista. Dije que tal y como iban las cosas, dentro de un tiempo estaríamos ante la disyuntiva de aceptar la propuesta de modelo que se nos hace del Constitucional, que desde muchos puntos de vista (competencias, financiación y signos de identidad catalanes) nos condenaba a la lenta desaparición como país, o solo quedaba la independencia. Ninguna de las dos soluciones son deseables: una hay que rechazarla totalmente y a la otra siempre me he resistido. Existe un último intento: emular a Quebec. El Estado canadiense, federal pero con una federalidad asimétrica, confiere a Quebec una autonomía particular por poseer una personalidad distinta. Esto va en contra del café para todos.