VIOLENCIA DE GÉNERO
Un guardia civil, culpable de matar a su ex novia
El guardia civil Jaime Máiz Sanmartín ha sido declarado culpable del asesinato de su ex compañera sentimental en 2007, la cual falleció tras recibir un disparo.
El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al guardia civil Jaime Máiz Sanmartín, que mató a su ex compañera sentimental en 2007 cuando ésta se disponía a presentar una denuncia contra él por malos tratos en el cuartel de Cambados (Pontevedra).
En el veredicto, hecho público hoy, el jurado considera al acusado "culpable de dar muerte a Mari Luz Posse intencionadamente y sin posibilidad de defensa" y, de ser ratificado por la magistrada encargada del caso, supondría una pena de veinte años de prisión.
La acusación particular y la Fiscalía han solicitado que la magistrada convoque a las partes para estudiar medidas cautelares contra el condenado, que se encuentra en libertad provisional a causa de un error judicial.
El acusado, de 34 años, disparó con una pistola contra Mari Luz Pose, de 43, el 15 de diciembre de 2007 en el cuartel de la Guardia Civil de Cambados, adonde había acudido para denunciarle por malos tratos.
Jaime Máiz fue declarado culpable por unanimidad por un jurado popular que consideró tres agravantes: el parentesco, la embriaguez y la alevosía en los hechos que se registraron en la casa cuartel de Cambados en 2007.
El acusado de asesinato mató de un disparo en la cabeza a la que fue durante varios años su pareja sentimental, cuando ésta se disponía a presentar una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil en Cambados.
Sin embargo, la mujer se encontró con el condenado que utilizó el arma reglamentaria para cometer el crimen. El jurado consideró la ingesta de alcohol aunque, según los informes forenses, no provocó una merma absoluta de las facultades del asesino en el momento de los hechos.
En lo relacionado con las indemnizaciones, la Fiscalía solicitó 90.000 euros para cada uno de los hijos de Mari Luz Posse. Sin embargo, el letrado de la familia exigió 250.000 euros para cada hijo.
La acusación particular y la Fiscalía han solicitado que la magistrada convoque a las partes para estudiar medidas cautelares contra el condenado, que se encuentra en libertad provisional a causa de un error judicial.
El detenido está en las dependencias judiciales a la espera de que la jueza tome una decisión.
