En la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial de Educación, Gabilondo ha apuntado también que el último año de la educación obligatoria (cuarto de ESO) tenga realmente un carácter "orientador", con dos perfiles para los estudios postobligatorios: uno de Bachillerato y otro de FP de grado medio, cuestión que requería una modificación normativa.

Quienes al terminar tercero de ESO no estén en condiciones de acceder a ninguna de estas opciones podrán optar entre repetir este curso, con los refuerzos pertinentes, cursar un programa de diversificación curricular o un Programa de Cualificación Profesional Inicial, con una duración de dos años.

Según el Gobierno, la duración del Bachillerato (actualmente dos cursos) queda así "reforzada" por la opción de orientación hacia este nivel de enseñanza del último curso de ESO, lo que permitiría que cumpla mejor sus funciones.

El documento con un centenar de medidas presentado hoy a las CCAA sugiere también el establecimiento de "convalidaciones recíprocas" entre las materias de Bachillerato y los módulos de FP para facilitar el cambio de opción de los alumnos que lo deseen.

Con vistas a la cohesión del sistema, habrá una evaluación externa, competencia del Instituto de Evaluación, en sexto de Primaria y tercero de ESO.

Anualmente habrá propuestas de medidas específicas para objetivos concretos vinculados a una memoria económica, con aportaciones del Gobierno central y de los autonómicos.

En el colegio hasta los 18

También ha defendido Gabilondo conseguir que los alumnos sigan formándose al menos hasta los 18 años, aunque no obligatoriamente, para que en 2020 el 85 por ciento de los jóvenes tenga un título que asegure su empleabilidad, de acuerdo con las recomendaciones de los estudios internacionales.

Mayoría de dos tercios

"Tanto los cambios normativos como en su caso las futuras modificaciones que se puedan derivar de las medidas acordadas en este Pacto Social y Político por la educación precisarán una mayoría parlamentaria de dos tercios", según indica el documento con un centenar de medidas concretas que Gabilondo ha presentado a los consejeros autonómicos.

Esta propuesta de apoyo parlamentario es un gesto de "convicción y lealtad", ha dicho el ministro, así que se propone que los cambios normativos que se derivaran del pacto se realicen por este procedimiento.

Preguntado por si el texto recoge algún punto en relación con garantizar la enseñanza en castellano, no lo ha considerado imprescindible y se ha remitido al "pacto constitucional", lo que no impide que se vayan a evaluar los conocimientos de esta lengua.