Más de mil años de cárcel para los autores del atentado de la T-4

La Audiencia Nacional ha condenado a 1.040 años a los etarras Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián como autores del atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre 2006 en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos y con el que la banda terrorista ETA rompió su última tregua.

Así lo ha acordado la sección tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, en una sentencia notificada hoy en la que además impone a los tres terroristas -para los que la Fiscalía pedía 1.120 años de cárcel- a indemnizar con 700.000 euros a la familia de Diego Armando Estacio y con 500.000 euros a la familia de Carlos Alonso Palate.

La Sala, que ha establecido esta misma cantidad para uno de los heridos, ha impuesto en total indemnizaciones por daños personales y materiales que superan los 2,5 millones de euros.

Además, les obliga a indemnizar al Estado con 1.169.002,48 euros y al Consorcio de Compensación de Seguros con 41.675.745,95.

Portu, Sarasola y San Sebastián han sido condenados como autores de dos delitos de asesinato terrorista, 48 de asesinato terrorista en grado de tentativa -y no 52 como reclamaba el fiscal, ya que dos de los heridos aparecen duplicados, y de otros dos no hay prueba de que sufrieran clase alguna de lesión por la explosión- y uno de estragos terroristas.

La sentencia considera probado que los dos primeros formaron a partir de 2002 el comando legal "Goiztiarrak", que a partir de 2004 pasó a denominarse "Elurra" con la incorporación de San Sebastián, que se encargaba del traslado de "liberados" y de transporte de material para la banda.

De esta forma, siguiendo instrucciones de la cúpula de ETA -Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', y Joseba Aranibar, 'Basurde'- realizaron dos recorridos de reconocimiento del itinerario por carreteras secundarias hasta el aeropuerto de Barajas en el último de los cuales, realizado en octubre, dejaron estacionado un vehículo de alquiler en el aparcamiento.

Posteriormente, el 27 de diciembre, secuestraron en la localidad francesa de Luz Ardiden al propietario de la furgoneta con la que perpetraron el atentado.

Dos días antes, Sarasola, disfrazado con una gorra, una mascarilla y una muleta, estacionó el vehículo en el módulo D del aparcamiento y se trasladó en taxi hasta las proximidades de Antena 3 Televisión, donde le esperaba Portu, y ambos se reunieron después en otro punto con San Sebastián para desplazarse los tres juntos a Lesaka (Navarra).

A las 07.53 del 30 de diciembre, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08.35 a la central SOS/DEIAK de San Sebastián desde una cabina telefónica, así como otras al diario Gara, aunque no se tiene constancia de su contenido.

A las 08.45 horas se localizó la furgoneta, se desalojó el aparcamiento y un minuto antes de las nueve de la mañana se produjo la explosión, que derrumbó gran parte del edificio y ocasionó daños en 863 vehículos.

Para los magistrados, "el aviso transmitido antes de que se produzca la explosión no puede ser interpretado como un deseo de evitar daños a las personas, sino sencillamente como una reivindicación que obviamente forma parte de la estrategia de la banda criminal".

Aprecian también "alevosía" y aplica a los tres la agravante del disfraz porque "está incluida en el proyecto criminal y se benefician porque todos buscan garantizarse la impunidad".

Respecto a las supuestas torturas sufridas por Portu y Sarasola en el momento de su detención, el 6 de enero de 2008, el tribunal recuerda que existe un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián contra quince guardias civiles que intervinieron en ella, cuatro de los cuales se enfrentan a penas de entre dos y tres años de prisión.

No obstante, señala que, según admitieron los propios agentes durante el juicio -celebrado entre los pasados 3 y 6 de mayo-, las detenciones "resultaron violentas ante la huida y resistencia" de ambos y que el letrado que asistió a Sarasola durante sus declaraciones policiales en las que se autoinculpó a él y a sus compañeros aseguró en la vista que respondió "bastante espontáneo, natural y sin dudas".

Todo esto "conduce a concluir que Sarasola verificó sus declaraciones de forma libre y espontánea, y bajo el total respeto de sus derechos".

Frente a ello, "la defensa no ha logrado probar, ni siquiera generar duda alguna en el tribunal sobre tal extremo", concluye.