TRIBUNALES

Conde-Pumpido justifica su acusación a la Policía alegando que "por Ley" debe informar a los ciudadanos

Dice que limitará o restringirá su participación en los medios e insiste en que el problema ya está resuelto.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, justificó al Senado sus declaraciones a la Policía a la que acusó de no colaborar con su Departamento en la lucha contra las marcas electorales de ETA y explicó que "por ley" el fiscal general del Estado está obligado a informar a la opinión pública de lo que acontece en el ámbito de su competencia. Sin embargo, durante su comparecencia señaló que a partir de ahora limitará o restringirá sus apariciones en los medios de comunicación e insistió en que el problema que denunció en su día ya está resuelto.


"Una de las obligaciones del fiscal general del Estado es informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de sus competencias", dijo Conde-Pumpido en respuesta a los reproches recibidos por el senador del PP, Agustín Conde, quien le censuró por haber realizado estas acusaciones públicamente en un desayuno informativo.


"Es probable que restrinja o limite de manera definitiva mi participación en ese tipo de comparecencias públicas, pero por Ley, el fiscal general debe informar la opinión pública y precisamente en un acto informativo di cuenta de las actuaciones de la Fiscalía para prevenir la intención del entorno de ETA de cara a las elecciones europeas", insistió, al tiempo que achacó la polémica a que es "jurista y no político". "Lamento que mis declaraciones hubiesen podido molestar a un Cuerpo Policial al que declaro mi respeto y admiración", dijo Conde-Pumpido durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, que aún así, insistió en que "reconocer un problema es un paso decisivo para solucionarlo".


En este sentido, manifestó de nuevo que "el problema ya se había solucionado gracias a la enérgica e inmediata reacción del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya ha dado las instrucciones oportunas para solucionar el conflicto". "Doy por definitivamente zanjada la cuestión", sentenció al tiempo que definió el conflicto como "un error puntual que se debía a un error interpretativo".


"La acusación más grave"


"Eso es arrastrar la dignidad de las instituciones, *ese es su modo de actuar, convocar una rueda de prensa?", le espetó el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Agustín Conde. "Lo que ha hecho es muy grave, no lo denunció en el sitio adecuado, eso no se despacha tomando un café con churros por muy dignos que sean los periodistas que le convidan, se hace a través de las instituciones, usted no es un tertuliano", añadió el dirigente popular.


"Usted se ha inhabilitado para ejercer su cargo, se trata de la acusación más grave que un fiscal general del Estado ha hecho nunca en contra de un Gobierno, dijo que la Policía no remitía los informes a la Fiscalía y que cuando lo hacía era después de mandarlo a otros juzgados o con alteraciones", recordó el dirigente popular. En ese sentido, le reprochó haber "carecido de la cantidad de gallardía suficiente para decir el nombre de los responsables". "Usted tenía la obligación de denunciar con nombres y apellidos a los causantes de la situación que vive y no esconderlos entre los 70.000 hombres y mujeres que se juegan la vida todos los días en el Cuerpo Nacional de Policía", dijo.


"Quiénes son las personas que le han negado los informes que usted pedía, diga usted el nombre, tenga la gallardía de decirlo", le preguntó Conde al tiempo que le advirtió:"no puede pretender arreglar ese incidente con un 'aquí no ha pasado nada'". "O mintió cuando hizo esa denuncia o está incurriendo en una dejación de sus funciones, usted está inhabilitadlo para seguir ejerciendo su cargo", sentenció.


"Todo lo que usted diga del Juzgado de Garzón, ex diputado socialista y ahora juez de la Audiencia Nacional, me lo creo, estoy dispuesto a creérmelo", añadió Conde, quien sin embargo insistió en la "extraordinaria gravedad" de sus palabras, porque, según dijo, "ha sembrado la duda sobre la competencia y la lealtad de servicio al Estado de los hombres y mujeres que componen el Cuerpo Nacional de Policía".


Listas de ANV


En su intervención, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado también reprochó al fiscal general del Estado no haber impugnado en su día todas las candidaturas de ANV a las elecciones municipales de mayo de 2007 por sus sospechas de pertenecer a "la banda terrorista de extrema izquierda ETA". "No impugnó todas las candidaturas, lo que permitió que se obtuviera por esta formación 93 concejales en Navarra y más de 300 en el País Vasco, eso significa que hoy hay 35 alcaldes terroristas en España", reprochó el senador popular al que acusó de tener pruebas suficientes para haber actuado contra este partido en su totalidad y que sin embargo, "justificó la medida con varios argumentos, algunos jurídicos y otros políticos como cuando dijo que no podía convertirse el País Vasco en un Guantánamo electoral".


Conde-Pumpido replicó estas acusaciones recordando que fue en la pasada legislatura cuando el fiscal general del Estado promovió la ilegalización de ANV y PCTV que dio lugar a la sentencia en septiembre de 2008 que ilegalizó a ambos partidos. "Por tanto comprenderá que no puedo más que sentirme satisfecho", dijo el fiscal general quien añadió que su labor es "extremar el rigor" al valorar el conjunto de la prueba. Rechazó haber actuado en base a criterios políticos y reiteró que la Fiscalía actuó cuando hubo pruebas suficientes.


PSOE Y CIU


En respuesta, el portavoz de PSOE en la comisión de Justicia, Arcadio Díaz Tejero acusó a Conde de haber incurrido en una "sobreactuación" y destacó que "el currículum de Conde-Pumpido en la lucha antiterrorista es brillantísimo". Asimismo denunció que "algo debe estar pasando cuando en los años 90 Aznar llamaba a Garzón valiente cuando procesaba a cargos del PSOE y ahora cuando ocurre con dirigentes del PP se dice que es la encarnación del maligno". "Que grave es que en unos supuestos se jalea y en otros se cuestiona", concluyó.


Por su parte, el portavoz de CiU en la Cámara Alta, Miquel Bofill, también manifestó su opinión acerca del conflicto entre el fiscal general y la Policía. "No es bueno alimentar polémicas, pero pecó de imprudente", apuntó.