Conde-Pumpido garantiza que erradicará las conductas corruptas "vengan de donde vengan"

En medio de la tormenta política que colea a cuento de la corrupción, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hizo ayer una encendida defensa de la actividad del ministerio público durante el acto de apertura del año judicial. Ante la presencia del Rey y bajo la atenta mirada de dirigentes del PP, que solicitan su dimisión por "sectario y parcial", el jefe de los fiscales garantizó que erradicará todas las conductas corruptas "vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores y sea cual sea su estrategia de defensa".

Conde-Pumpido, a tono con la solemnidad del acto, eludió referirse a la trascendencia pública del caso Gürtel. Sin embargo, sus palabras sonaron a crítica política velada entre los asistentes, entre los que, además de altos dignatarios de las instituciones judiciales (como María Emilia Casas, presidenta del Constitucional, o varios vocales del Poder Judicial), se encontraban el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Precisamente, el jefe de los fiscales se apoyó en el repunte de las investigaciones de los casos de corrupción (se han duplicado en tan sólo un año) para alabar el trabajo del ministerio público. Un esfuerzo, defendió, que "no siempre es grato", en clara alusión a la erosión que ha sufrido la institución desde que comenzó la instrucción judicial del caso Gürtel, en enero de 2008, y los últimos escándalos que han afectado a dirigentes populares, caso de las polémicas detenciones en la operación Palma Arena, cuando varios implicados fueron fotografiados esposados a plena luz del día.

Conde-Pumpido defendió que estas conductas "no lograrán en ningún caso" deslegitimar la lógica y la acción inexorable del Estado de derecho. "Una lógica -dijo- de una Justicia igual para todos, sin privilegios ni excepciones, sin más límite que los que marca el ordenamiento jurídico y sin otra presión que la autoexigencia en el cumplimiento del deber".

Secreto de sumario

Las referencias indirectas del jefe de los fiscales al caso Gürtel no acabaron ahí. Aseguró que fenómenos como la politización de la Justicia y la judicialización de la política tienen que ver no solo con quienes pretenden confundir ambas esferas en beneficio propio, "sino también con la debilidad de un sistema procesal caduco, ajeno a la complejidad de la vida pública y de las relaciones privadas de nuestros días", aseguró.

Conde-Pumpido añadió que cuestiones como el secreto de sumario, las garantías de los imputados o el sistema de recursos, los tres caballos de batalla del PP en la investigación de la trama corrupta, no son problemas que vayan a resolverse "clamando por la imparcialidad del sistema desde posiciones de patente parcialidad". El partido opositor acusó de parcialidad al primer instructor de la causa, Baltasar Garzón, por mantener el sumario en secreto mientras trascendía la identidad de los imputados e insinuó asimismo que la Fiscalía estaba detrás de las filtraciones a los medios.

La semana pasada, precisamente, la Fiscalía General del Estado sacó un escrito en la que salía al paso de las últimas críticas del PP al ministerio público, a cuyo responsable acusó de ser el "paradigma del sectarismo político", convertirse en el "más fiel servidor" del PSOE y de filtrar a la prensa la instrucción judicial del caso Gürtel. En la nota, Conde-Pumpido revelaba que la institución que dirige ha realizado en los últimos cinco meses siete gestiones con los jueces de instrucción de la causa en Madrid y Valencia con el objeto de comenzar una investigación para conocer quién o quiénes dan a conocer a la prensa detalles del proceso. En la actualidad, tres juzgados de Madrid llevan a cabo pesquisas sobre el asunto.

Desde su nombramiento a mediados de 2004, la relación entre el jefe de los fiscales y el principal partido de la oposición ha sido de claro enfrentamiento, y ni la lucha antiterrorista ni la batalla contra la criminalidad organizada ha servido para limar la animosidad de uno y otro.

El PP ha pedido por activa y por pasiva su dimisión por "ineptitud y sectarismo", pero el enconamiento se ha acentuado tras el caso Gürtel. Conde-Pumpido, lejos de ser removido, fue ratificado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el año pasado.