Cinco mil afectados reclaman 10.000 euros

La Plataforma de Afectados por el cierre del espacio aéreo español durante 20 horas entre los días 3 y 4 de diciembre pide una indemnización millonaria a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que se sitúa en los 10.000 euros por "daño moral" para cada uno de los perjudicados. Javier Cremades, uno de los principales miembros del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, que representa a esta Plataforma integrada por más de 5.000 afectados, indicó ayer que se va a reclamar por vía administrativa a AENA esa cifra y que este trámite va a tener lugar a lo largo del mes de enero.

La cantidad de 10.000 euros es un baremo estándar que se ha realizado en función del daño que se ha causado a aquellas personas que no pudieron viajar por el cierre del espacio aéreo, y que, según Cremades, "va más allá" de la cantidad que tiene AENA prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es solo de 600 euros.

Historia de un desencuentro

Y es que el 3 de diciembre supone un punto y aparte sin retorno en la siempre complicada relación entre los controladores aéreos y AENA. Hasta ahora, y más en los últimos meses, la cuerda no había hecho sino tensarse, quizá demasiado. Hasta el punto de que en agosto casi se rompió por completo con la que hubiera sido la primera huelga legal del colectivo en toda la historia. Ahora, todo es muy distinto.

En apenas 20 horas, las que permaneció cerrado el espacio aéreo español mientras decenas de miles de pasajeros clamaban justicia tirados en los aeropuertos, los vigilantes del cielo han dilapidado los pocos argumentos con que podían contar. La sociedad está en su contra, y el Ejecutivo les ha trasladado un serio aviso a navegantes: puede jugar fuerte; muy fuerte. El verdadero miedo del sindicato de controladores, el USCA, lejos del salario o las horas a trabajar a lo largo del año, es la desaparición de su monopolio, tanto de las operaciones en las torres de control como en el acceso a la profesión. Un control que había permitido a los controladores 'marear' a todos los Gobiernos de uno y otro color.

Hasta ahora. Se han excedido y lo saben. Queda por ver si lo han asumido. Con los vigilantes del cielo cegados por un exceso de soberbia fruto de la eterna sensación de que nadie sería capaz de frenarlos, AENA y sus responsables esperan a que vuelvan al 'redil'. La militarización no es eterna y habrá que cerrar algún día el segundo convenio colectivo. Todos tienen claro que ese pacto estará a años luz del primero, basado en unos privilegios fuera de toda lógica, del que son responsables todos los ministros de Fomento.

Blanco aseguró nada más tomar posesión que "metería mano a los controladores". Y ha cumplido. Aunque son muchos los que critican sus formas. El recurso a los militares y la declaración del estado de alarma -cuya posible prórroga se decidirá a mediados de la se-mana que viene- ha levantado ampollas. A golpe de real decreto ley, el ministro de Fomento ha cercado a los controladores, que aún se creían intocables. No era para menos. Desde 1999, cuando en diciembre firmaron su primer convenio para solo unos días después ampliarlo mediante numerosas horas extra (pagadas al triple que la nornal), los antecesores de Blanco, entre los que se encuentra la socialista Magdalena Álvarez, habían resuelto los problemas con USCA de la misma manera. Según fuentes del sector, ante la más mínima tensión, normalmente en vísperas de puentes o vacaciones, se tiraba de chequera.

Eran tiempos de bonanza económica y resultaba fácil mirar para otro lado y pagar antes de ver colapsados los aeropuertos. Incluso, y así lo ha denunciado en alguna ocasión la Intervención General del Estado (IGAE), todo el ámbito laboralsalarial de los controladores eludió de forma sistemática durante años el control, obligatorio para todo el sector público, de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Según la IGAE, los técnicos aeronáuticos ganaban muchísmo más dinero que el que resultaría de aplicar la actualización del IPC a los salarios previstos en el convenio de 1999.

Pero el escenario ha cambiado. La crisis y la necesidad de Fomento de captar recursos han dado un giro de 180 grados a la situación. El Gobierno ha puesto en marcha la liberalización del control aéreo y, al tiempo, ha borrado de un plumazo el sistema de formación de los controladores que hasta ahora eran tutelados por profesores-controladores y subvencionados por la propia AENA. Hoy las clases cuestan entre 30.000 y 45.000 euros, y cada alumno tiene que pagar religiosamente.

Los controladores saben que, en pocos meses, AENA abrirá la puerta a otros operadores. Los que quieran podrán entrar en esas empresas, pero con nuevas condiciones. Quienes se nieguen deberán cambiar de destino hacia el lugar que elija el gestor público. En definitiva, dejarán de mandar para ser mandados.