Ya no es únicamente el PP. El Gobierno se encontró ayer con la sorpresa de que también Convergencia i Unió, la formación que podía ser su mejor báculo, reclama un anticipo electoral e incluso una moción de censura. El anuncio del Banco de España de que por fin se ha acabado la recesión de poco ha servido frente a los batacazos sufridos por la bolsa y el precio alcanzado por la prima de riesgo del país. Las críticas a José Luis Rodríguez Zapatero arrecian, justo cuando él pretendía recabar el apoyo del Congreso de los Diputados con una comparecencia de urgencia que tendrá lugar el miércoles.

El presidente del Gobierno contaba con que la aparición de los primeros datos positivos de consumo y la cifra de crecimiento del PIB del primer trimestre del año, aunque escasa, un 0,1%, serviría para atemperar los ánimos en el ámbito político. Un adelanto de elecciones no estaba desde luego entre sus planes. Y, según la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, sigue sin estarlo. "Estamos gobernando y tenemos mucho que hacer", alegó tras el Consejo de Ministros.

En más de una ocasión, el jefe del Ejecutivo ha explicado que, a su juicio, agotar las legislaturas fue uno de los aciertos de José María Aznar. El caso es que ahora está obligado a lidiar con el toro que le plantea la oposición. No es que pueda temer que le tumben, porque las posibilidades de formar una mayoría alternativa son escasísimas, pero el clima hostil que implican los nuevos planteamientos hechos públicos por CiU sí amenaza su estabilidad.

El portavoz nacionalista en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó ayer en su carta semanal a los militantes de Unió que lo "ideal" en estos momentos sería presentar una moción de censura para formar un gobierno de concentración entre partidos que comparten "denominadores comunes" frente a la crisis, acometer las reformas oportunas y, en el plazo de unos "pocos" meses, convocar elecciones.

Duran no aclara en su misiva a qué partidos se refiere. Pero es obvio que, si ha coincidido con alguien a lo largo de esta legislatura en sus planteamientos sobre política fiscal, mercado laboral y recorte de gasto, ha sido con el PP y en buena medida con el PNV, uno de cuyos senadores, Iñaki Anasagasti, también se pronunció esta semana a favor de la convocatoria inmediata de elecciones. Los escaños de estas tres fuerzas no serían en ningún caso suficientes para alcanzar una mayoría demócratacristiana. Y también el PP. El número dos de este grupo en el Congreso, José Luis Ayllón, dijo que no aspiran a una moción de censura con "determinados apoyos", una matización gratuita porque él mismo recordó que, hoy por hoy, no hay posibilidad de que Mariano Rajoy juegue y gane esa partida.

En este difícil clima, Zapatero pretende lograr lo que no consiguió el miércoles con el líder de la oposición: lanzar un mensaje conjunto en defensa de la solvencia de España. El jefe del Ejecutivo ha solicitado comparecer ante la cámara baja el próximo miércoles para explicar a qué se deben los "ataques" especulativos que han colocado al Ibex 35 en el peor momento del año. Su tesis, que fue reiterada ayer por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, es que la situación no se debe tanto a los problemas específicos de la economía española como a los "inaceptables" movimientos contra el euro y contra Europa.

Si el resto de los portavoces consienten, su intervención sustituirá a la prevista, sobre Afganistán. El Gobierno cree que lo excepcional del momento lo precisa. Lo que se encontrará, sin embargo, no será la alta receptividad que espera. Además del PP y CiU, también el PNV y ERC achacan al Ejecutivo cierto grado de ceguera y le acusan de señalar con el dedo a las agencias de calificación como causantes de las desgracias de España, sin tener en cuenta que los mercados miran con recelo los problemas estructurales del país y la lentitud en la aplicación de los planes prometidos.