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REALCIÓN CON EE. UU.

Chacón niega que los vuelos de la CIA que pasaron por España llevasen presos

Wikileaks revela que el Gobierno no puso trabas a la estrategia de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

Carme Chacón, ministra de Defensa
EFE

El Ministerio de Defensa negó ayer que los vuelos de la CIA que pasaron por territorio español llevasen sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente con destino a cárceles secretas. La ministra Carme Chacón salió al paso de las nuevas revelaciones de Wikileaks, según las cuales el Gobierno no puso objeciones a la estrategia de la Inteligencia estadounidense, para defender la actuación del Ejecutivo en este asunto. Chacón aseguró que su departamento "siempre" cumplió con el Convenio de Defensa firmado por ambos países, que prohíbe que los vuelos militares de EE. UU. que hagan escala en España transporten personas o cargas "comprometidas".

Asimismo, aclaró que posee un escrito de Washington en el que asegura que nunca vulneró dicho convenio.

La respuesta de Chacón en los pasillos del Congreso, una vez concluido el pleno, es la primera de un miembro del Gobierno desde que la publicación de las notas de Wikileaks les pusiera en un aprieto. Primero, tras conocerse las presiones de la diplomacia estadounidense para manejar asuntos judiciales que les afectaban. Y ahora, con un asunto tan sensible como los vuelos secretos de la CIA, de los que el Consejo de Europa acusó en un informe a una docena de gobiernos europeos, entre ellos España, de ser cómplices en prácticas contrarias a los derechos humanos.

La ministra entró al fondo del asunto después de que una nota secreta publicada por 'El País' dejara al Ejecutivo en una situación comprometida. Fue en junio de 2006 y en el ambiente aún planeaban las delicadas relaciones entre el Gobierno y la administración de George W. Bush tras la retirada de Iraq. Con este clima, la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tuvo una reunión con el embajador Eduardo Aguirre en el que trataron, entre otros temas, los vuelos de la CIA, un asunto que el Gobierno no quería que le cogiera "desprevenido".

"Hemos acordado compartir cualquier información sobre este tema para evitar cualquier problema a las autoridades españolas. De la Vega subrayó que España no ponía ninguna objeción a los vuelos secretos a través de territorio español", informó Aguirre a la secretaria de Estado de su país. Ello, pese a que la propia vicepresidenta aseguró públicamente en diciembre de 2008 que el Gobierno no tenía "nada que ocultar ni nada que amparar".

En la reunión también se trató otro asunto que preocupaba al embajador: la admisión de una querella sobre los vuelos en la Audiencia Nacional por presuntos delitos universales. "(El entonces ministro de Exteriores Miguel Ángel) Moratinos indicó que quería dar a este asunto el perfil más bajo posible, aunque, al estar en manos de los jueces, el Gobierno tenía una limitada capacidad de influencia", escribió Aguirre. El embajador apuntó la necesidad de dirigirse al fiscal del caso, Vicente González Mota, "un comprometido y servicial colega que será sensible a la preferencia del Gobierno español de que este asunto no prospere", señala un consejero político de EE. UU. en una nota secreta de diciembre de 2006.

"Rutinarios" y acordes a la ley

La preocupación del Gobierno por la finalidad de los vuelos quedó remarcada en otra nota de febrero de 2007, en la que la legación estadounidense asegura al secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo, que los vuelos con destino a Guantánamo "eran rutinarios y no violaron ninguna ley". Por otro lado, los informes muestran la preocupación por la evolución de la querella, más si cabe cuando el fiscal pidió al juez Ismael Moreno la detención de 13 ocupantes de uno de los aviones por estar implicados en el secuestro del ciudadano alemán de origen libanés Khaled El Masri, que pasó cinco meses en una cárcel clandestina en Afganistán.

Lejos de estas presiones, la causa sigue abierta en la Audiencia Nacional. Su presidente Ángel Juanes aseguró ayer que el mejor ejemplo de que "el Estado de derecho está funcionando es que los casos a los que se refieren estos papeles (vuelos de la CIA, Guantánamo o Couso) están abiertos". Juanes no quiso entrar en el fondo de una denuncia que dos abogados presentaron en el Consejo General del Poder Judicial contra el magistrado Javier Gómez Bermúdez por colaborar con la diplomacia norteamericana.

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