CHA cree "escandaloso" que la Constitución se pliegue a exigencias de los mercados

La presidenta y portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, ha calificado de "escandaloso" el proyecto de reforma de la Constitución negociado entre PSOE y PP sobre el déficit público al considerar que ambos partidos se han "plegado" a las exigencias de los mercados.

Ibeas, que ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal de su partido en el Ayuntamiento de Zaragoza Carmelo Asensio, ha explicado que la reforma no sólo es un "ataque" a la democracia y a la capacidad de autogobierno de las autonomías, sino un "error" que rebaja la importancia de la Carta Magna y la coloca a la altura de los mercados financieros.

La parlamentaria aragonesista ha lamentado el "servilismo" de una medida dirigida a "saciar" las demandas de los mercados, "como si los mercados pudieran saciarse", ha añadido.El control del déficit no exige la reforma de la Constitución

En su opinión, el control del déficit no exige una reforma constitucional ya que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es el cauce legal existente para lograr este objetivo.

La portavoz de CHA considera que el proyecto de reforma "abandona un concepto de gobernabilidad basado en la democracia y lo deja todo en manos de los mercados, y es un escándalo que PSOE y PP se plieguen de esta manera a las exigencias de los mercados".

Ibeas ha lamentado que tanto el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, como los dirigentes de otros países europeos como Francia o Alemania no hayan optado de forma alternativa para frenar el déficit por una reforma fiscal para que "quien tenga más pague más".

En su intervención, la parlamentaria también se ha referido al decreto ley en materia laboral que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros, cuyo contenido ha criticado al entender que sitúa la contratación en los niveles de precariedad "más absoluta" y perjudica de forma especial a los jóvenes.

Para Ibeas, la suspensión de la obligación de hacer fijos a los trabajadores tras treinta meses de contrato eventual y la ampliación de los de formación hasta los treinta años es un "gravísimo" ataque a los derechos sociales, por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "reaccionar y a indignarse".

Ha explicado que este decreto ley agravará la situación de los jóvenes menores de 30 años en Aragón, que soportan en la actualidad una tasa de desempleo superior al 37 por ciento.

Por esta razón, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará en los próximos días un interpelación al consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, a fin de que explique qué afecciones prevé que puede causar este decreto en Aragón y qué medidas baraja el Gobierno aragonés para paliar los efectos de su aplicación.

Desde CHA se considera que el Ejecutivo aragonés tiene la posibilidad de "poner límites" al decreto con políticas propias que impidan que los contratos de formación se extiendan a jóvenes de más de 25 años, o incentiven la contratación estable.

Tras expresar su preocupación ante la posibilidad de que el contenido del decreto sea "satisfactorio" para el PP, la portavoz de la formación aragonesista ha anunciado que su grupo no descarta plantear otras iniciativas parlamentarias para tratar de paliar los efectos de la decisión del Consejo de Ministros.

En su opinión, "la decisión anunciada es de un calado tremendo y que salga de un partido socialista no tiene nombre", y por eso ha anunciado que van a trabajar "para lograr un compromiso férreo del Gobierno aragonés dirigido a paliar las consecuencias negativas que va a tener este decreto en la Comunidad".

Para Carmelo Asensio, los contratos de formación que se suscriben en la actualidad, que serán prorrogables hasta los 30 años de edad, encubren un sistema dirigido a lograr una contratación "barata" para el empresario.

Asensio ha explicado que CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, que respaldó la reelección como alcalde del socialista como Juan Alberto Belloch en las últimas elecciones municipales, será un "dique de contención" frente a posibles externalizaciones de servicios y al uso de empresas de trabajo temporal.